El Gobierno de Canarias cierra un conflicto judicial de 25 años con las promotoras turísticas, mientras Nueva Canarias sostiene que las indemnizaciones no proceden de la moratoria impulsada por Rodríguez en 2001, sino de la legislación aprobada posteriormente en 2009.

El largo litigio derivado de las restricciones al crecimiento turístico en Canarias entra en su fase final con una factura de enorme impacto para las arcas públicas.

El acuerdo alcanzado por el Gobierno autonómico con las empresas afectadas establece compensaciones globales por unos 485 millones de euros, aproximadamente la mitad de los cerca de 1.000 millones inicialmente reclamados.

El pacto pretende poner punto final a un conflicto urbanístico y judicial que se ha prolongado durante aproximadamente 25 años.

Además del pago de las compensaciones, el Ejecutivo autonómico renuncia a reclasificar como suelo rústico las parcelas urbanas afectadas durante el periodo previsto por la normativa.

La magnitud económica del acuerdo ha reabierto inmediatamente el debate político sobre quién debe asumir la responsabilidad por una factura cercana a los 500 millones de euros y, sobre todo, qué legislación fue realmente la que originó las indemnizaciones.

Román Rodríguez responde a Clavijo: «Las primeras leyes no generaron indemnizaciones»

El dirigente de Nueva Canarias-Bloque Canarista Román Rodríguez ha reaccionado con dureza y acusa al Gobierno presidido por Fernando Clavijo de trasladar una interpretación que considera falsa sobre el origen del problema.

Rodríguez recuerda que presidía el Gobierno de Canarias cuando se aprobó la Ley 6/2001, que estableció medidas urgentes de ordenación territorial y turística, y sostiene que aquella moratoria y las posteriores Directrices de 2003 no provocaron indemnizaciones por responsabilidad patrimonial.

Su argumento se apoya en una respuesta oficial de la propia Consejería de Política Territorial. Según el documento, respecto a las indemnizaciones relacionadas con la Ley 6/2001 y la Ley 19/2003, todas las sentencias fueron desestimatorias y, por tanto, no se produjeron indemnizaciones por responsabilidad patrimonial derivadas de esas dos normas.

Este dato resulta especialmente relevante porque el enfrentamiento político no gira únicamente alrededor de cuánto tendrá que pagar Canarias, sino de qué decisión legislativa originó finalmente esa obligación económica.

La Ley de 2009, en el centro de la polémica

Rodríguez sitúa el origen de las indemnizaciones en la Ley 6/2009, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, aprobada durante la etapa de Paulino Rivero.

La documentación de la Consejería citada por Nueva Canarias diferencia expresamente las primeras normas de la regulación de 2009 y señala que esta última sí produjo efectos indemnizatorios.

Por ello, Rodríguez rechaza que pueda atribuirse directamente la actual factura de cientos de millones a la moratoria impulsada durante su Presidencia.

El dirigente nacionalista va incluso más lejos y sostiene que aquella política permitió retirar del desarrollo turístico más de 300.000 camas sin coste indemnizatorio para las arcas públicas, incluidas unas 20.000 previstas en Veneguera, enclave que posteriormente reforzó su protección ambiental.

Casi 500 millones que reabren el debate sobre el modelo turístico

Más allá del enfrentamiento entre Nueva Canarias y el Ejecutivo de Fernando Clavijo, el acuerdo tiene una enorme dimensión económica y política.

Canarias tendrá que afrontar aproximadamente 485 millones de euros en compensaciones para cerrar definitivamente los litigios, mientras las empresas afectadas aceptan reducir sustancialmente las cantidades que reclamaban inicialmente.

La cuestión de fondo vuelve así al centro del debate: ¿puede Canarias establecer límites al crecimiento turístico sin generar nuevas responsabilidades patrimoniales millonarias?

Para Román Rodríguez, la respuesta es afirmativa.

Acusa al Gobierno de Clavijo de utilizar el temor a nuevas indemnizaciones para transmitir a la sociedad que no existen instrumentos para frenar el denominado «desarrollismo turístico».

Nueva Canarias considera que ese planteamiento puede terminar condicionando el debate sobre una eventual nueva moratoria y sobre los límites de capacidad del territorio.

La controversia adquiere todavía mayor relevancia después de las movilizaciones desarrolladas en Canarias durante los últimos años reclamando cambios en el modelo turístico, mayor protección territorial y un crecimiento compatible con las necesidades de vivienda, servicios públicos e infraestructuras.

Una factura millonaria y una batalla política que continúa

El acuerdo puede cerrar los procedimientos judiciales, pero difícilmente cerrará la controversia política.

485 millones de euros de dinero público, 25 años de litigios y dos interpretaciones enfrentadas sobre quién originó el problema colocan nuevamente la política turística de Canarias bajo el foco.

Mientras el Gobierno de Fernando Clavijo defiende la necesidad de resolver definitivamente una pesada herencia judicial, Román Rodríguez contraataca con documentación oficial para sostener que la moratoria de 2001 no fue la que generó las indemnizaciones que ahora deberá asumir Canarias.

El litigio judicial puede estar llegando a su final.

El debate sobre cuánto turismo puede soportar Canarias y quién debe pagar las consecuencias de las decisiones urbanísticas del pasado, sin embargo, acaba de abrir un nuevo capítulo.