El presidente del Gobierno de Canarias pide cambios legislativos para proteger el acceso a la vivienda de la población residente y frenar la presión sobre un mercado inmobiliario cada vez más difícil para las familias canarias.

RETURCAN.COM | Canarias | 13 de octubre de 2026

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado al Ejecutivo central que estudie e impulse las modificaciones legislativas necesarias para limitar la adquisición de viviendas por parte de extranjeros no residentes en el archipiélago.

La iniciativa pretende abordar uno de los problemas que más preocupan a la sociedad canaria: las dificultades de acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente para los jóvenes y las familias con ingresos medios y bajos.

La propuesta se plantea en un contexto marcado por los elevados precios de compra y alquiler, la escasez de viviendas disponibles y la presión que soportan determinadas zonas del archipiélago.

Canarias busca herramientas para proteger su mercado residencial

El Gobierno autonómico considera necesario disponer de instrumentos legales que permitan atender las particularidades de un territorio limitado, fragmentado y sometido a una importante presión inmobiliaria.

La propuesta de Clavijo se centra en estudiar restricciones a determinadas operaciones de compra por extranjeros que no residen habitualmente en las islas.

Sin embargo, su aplicación no sería inmediata. Una medida de estas características necesitaría un desarrollo jurídico específico y tendría que respetar la Constitución española, el derecho de la Unión Europea y las normas sobre libre circulación de capitales.

Por tanto, no existe actualmente una prohibición general de compra de viviendas por extranjeros no residentes derivada de esta propuesta.

La vivienda, una de las principales preocupaciones de los canarios

El encarecimiento del mercado inmobiliario ha convertido el acceso a la vivienda en uno de los grandes desafíos sociales de Canarias.

En numerosos municipios, las familias encuentran dificultades para acceder a una vivienda en propiedad o afrontar los precios de los alquileres.

La falta de oferta residencial asequible, el incremento de los costes de construcción y la presión de distintas modalidades de demanda contribuyen a agravar el problema.

A esta situación se añade la necesidad de aumentar el parque público de viviendas y agilizar los procedimientos urbanísticos y administrativos.

¿Qué consecuencias podría tener para Gran Canaria y el Sureste?

Municipios como Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana también afrontan el desafío de facilitar el acceso a una vivienda a sus residentes.

Aunque la presión inmobiliaria presenta diferencias entre las zonas turísticas, las áreas urbanas y los municipios del interior, el problema de la vivienda se ha extendido a buena parte de Gran Canaria.

En este contexto, cualquier modificación de la normativa sobre compraventa inmobiliaria deberá analizarse junto con otras actuaciones, como la construcción de viviendas protegidas, la movilización de suelo y el impulso del alquiler asequible.

Limitar determinadas compras podría influir en algunos segmentos del mercado, pero no garantizaría por sí solo una reducción general de los precios.

Una propuesta que abre el debate jurídico y político

La petición del presidente canario abre un nuevo debate sobre hasta dónde pueden llegar las administraciones públicas para intervenir en el mercado inmobiliario y favorecer el acceso de la población residente a una vivienda.

El principal desafío será encontrar una fórmula jurídicamente viable que permita atender las necesidades específicas de Canarias sin vulnerar la normativa estatal y europea.

También será necesario determinar el alcance exacto de cualquier posible restricción y sus efectos sobre la oferta y la demanda.

El verdadero reto: más viviendas asequibles

Más allá de las medidas que puedan adoptarse sobre las compraventas, Canarias necesita aumentar la disponibilidad de viviendas destinadas a residencia habitual.

La construcción de vivienda pública, la colaboración entre administraciones y la agilización de los proyectos residenciales seguirán siendo fundamentales para afrontar el problema.

La propuesta de Fernando Clavijo vuelve a situar la vivienda en el centro del debate político canario, aunque su posible aplicación dependerá de cambios legales que todavía no se han concretado.



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