Nuestra propuesta, planteada recientemente, no es nueva ni improvisada, sino que responde a una fórmula ya conocida, aplicada y contrastada, que garantiza seguridad jurídica, agilidad administrativa y un objetivo claro: que las viviendas sean públicas desde su origen y permanezcan como patrimonio de la administración.

En contraste, el Ayuntamiento de Agüimes mantiene desde hace más de una década un proyecto piloto de colaboración público-privada, que ha sufrido sucesivos retrasos y ajustes, y cuya viabilidad económica ha sido cuestionada incluso por las propias empresas del sector. El propio alcalde ha reconocido públicamente las dudas de las constructoras sobre la rentabilidad del modelo, así como la escasa especialización de las empresas para asumir la gestión de viviendas en alquiler a largo plazo, lo que ha obligado a revaluar los estudios económicos y a plantear posibles incrementos de precios.

Desde Coalición Canaria entendemos el esfuerzo municipal por buscar soluciones, pero consideramos que la urgencia social en materia de vivienda exige apostar por modelos que ya funcionan, que permiten avanzar sin depender de experimentos prolongados ni de la respuesta del mercado privado.

Nuestro planteamiento no entra en confrontación política ni personal, sino que responde a una visión práctica y realista: cuando el suelo es público y la necesidad es urgente, la colaboración directa con el Gobierno de Canarias ha demostrado ser la vía más eficaz para construir vivienda social en plazos razonables y con garantías de permanencia en el tiempo.

Agüimes necesita pasar de los estudios y ajustes a la construcción efectiva de viviendas, y para ello es fundamental elegir el camino más seguro, más rápido y más probado.