El portavoz de Pymes Canarias UHC pide separar la legítima defensa de los derechos laborales de las disputas políticas y reclama que autónomos y pequeñas empresas tengan voz propia

Por Antonio Vélez | Portavoz de Pymes Canarias UHC

Las pequeñas y medianas empresas y los autónomos de Canarias llevamos demasiado tiempo soportando incrementos de costes, nuevas obligaciones administrativas y laborales y una burocracia que, en muchas ocasiones, termina recayendo precisamente sobre quienes generan empleo.

Ante cualquier convocatoria de huelga, nuestra posición debe partir de un principio indiscutible: el derecho de huelga de los trabajadores debe ser respetado. Cada trabajador es libre de ejercerlo conforme a la ley.

Pero exactamente con la misma claridad debemos defender que ninguna empresa ni ningún trabajador debería sentirse presionado políticamente para secundar una movilización.

Desde Pymes Canarias UHC consideramos que las organizaciones sindicales deberían mantener su independencia respecto de cualquier Gobierno o partido político. Su misión fundamental debe ser defender a los trabajadores, negociar mejores condiciones laborales y contribuir a resolver los problemas reales de quienes cada día acuden a su puesto de trabajo.

Cuando una convocatoria sindical adquiere un marcado contenido político, las pequeñas empresas tenemos derecho a discrepar y a decirlo públicamente.

Las pymes también necesitan ser escuchadas

Durante los últimos años hemos visto aprobarse importantes modificaciones laborales. Algunas han supuesto avances para los trabajadores, mientras que otras han provocado una fuerte oposición entre autónomos y organizaciones empresariales por el incremento de costes, obligaciones administrativas y dificultades organizativas.

Precisamente estos días vuelve a existir una fuerte discrepancia sobre el registro horario. Mientras UGT reclama al Gobierno que lo apruebe antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, ATA advierte de las consecuencias que podría tener para autónomos y pequeñas empresas. Europa Press

Desde nuestra posición consideramos que el Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz ha impulsado durante esta etapa una política laboral con la que discrepamos profundamente. Esta es nuestra valoración política y empresarial, pero el debate debe realizarse con argumentos y datos.

No podemos seguir legislando pensando que una pequeña cafetería, un restaurante familiar, un comercio con cuatro empleados o un autónomo dispone de los mismos recursos administrativos que una multinacional.

Ni presión para hacer huelga ni presión para impedirla

Nuestro mensaje a los trabajadores debe ser igualmente claro: cada persona debe decidir libremente.

Quien legalmente decida secundar una huelga podrá hacerlo ejerciendo un derecho reconocido constitucionalmente. Y quien decida acudir a trabajar debe poder hacerlo igualmente sin presiones ni señalamientos.

Las empresas, por su parte, aplicarán exclusivamente las consecuencias laborales y salariales establecidas por la legislación para quienes ejerzan el derecho de huelga. No se trata de castigar a nadie, sino de aplicar la normativa.

¿Y cuándo hablamos de los problemas reales?

También echamos de menos movilizaciones contundentes frente a problemas que están golpeando directamente a trabajadores y pequeños empresarios: el precio de la vivienda, la dificultad para acceder a un alquiler, la pérdida de poder adquisitivo, la presión fiscal y administrativa o la falta de trabajadores en determinados sectores.

Las organizaciones sindicales tienen derecho a cuestionar a la oposición, al Gobierno o a cualquier fuerza política. Pero también creemos que deben mantener una posición exigente frente al Gobierno cuando las políticas públicas no solucionan los problemas de los trabajadores.

Las pymes no somos enemigas de los trabajadores. Trabajadores y pequeñas empresas estamos en el mismo barco. Si desaparece una pequeña empresa, desaparecen también puestos de trabajo.



Por eso reclamamos diálogo social verdadero: sindicatos fuertes e independientes, trabajadores con derechos y empresas capaces de sobrevivir.

Defender al trabajador no puede significar arrinconar a quien crea su puesto de trabajo. Y defender a la empresa tampoco puede significar limitar los derechos de sus trabajadores. El equilibrio entre ambas partes es el único camino sostenible.

Antonio Vélez
Portavoz de Pymes Canarias UHC