El nuevo modelo de financiación autonómica prevé 1.337 millones de euros adicionales para las Islas y deja el REF fuera del sistema. El acuerdo supone un avance financiero importante, pero abre una pregunta fundamental: ¿percibirá realmente el ciudadano esta mejora en los servicios públicos?

Canarias ha dado su respaldo al nuevo modelo de financiación autonómica después de conseguir una mejora sustancial de los recursos previstos para el Archipiélago.

El acuerdo alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera contempla 1.337 millones de euros adicionales para Canarias, una cantidad que permitiría situar a las Islas por encima de la media de financiación autonómica.

La cifra supone un cambio considerable respecto al planteamiento inicial, que rondaba los 600 millones de euros adicionales.

Pero una vez conocida la cifra, comienza la segunda parte del debate: ¿en qué se traducirán esos 1.337 millones para los ciudadanos?

611 millones del sistema y 726 millones de un nuevo fondo

El incremento previsto no procede de una única partida.

Según la información oficial del Gobierno de Canarias, 611 millones de euros procederán del propio sistema de financiación autonómica, mientras que otros 726 millones llegarán mediante el denominado Fondo de Dinamismo Económico.

Este último tendrá carácter indefinido, será de libre disposición para la Comunidad Autónoma y se liquidará mensualmente junto al sistema de financiación.

Son condiciones relevantes porque permitirían al Gobierno autonómico disponer de mayor capacidad para determinar dónde son más necesarios los recursos.

Y ahí estará precisamente una de las claves.

Sanidad: reducir listas de espera y reforzar la atención

Canarias mantiene importantes necesidades en materia sanitaria.

Más financiación debería permitir reforzar plantillas, Atención Primaria, especialistas, infraestructuras y recursos sociosanitarios.

En comarcas como el Sureste de Gran Canaria, la ciudadanía continúa reclamando mejoras en los servicios sanitarios y una respuesta adecuada al crecimiento poblacional.

Por ello, una mejora de la financiación autonómica debería terminar teniendo consecuencias concretas: menos espera, más profesionales, mejores infraestructuras y mayor capacidad asistencial.

Porque una cifra presupuestaria adquiere verdadero significado cuando se convierte en un médico, una enfermera, una cama sociosanitaria o una consulta que funciona.

Vivienda: uno de los grandes desafíos de Canarias

La vivienda debería ser igualmente una prioridad.

Miles de familias, trabajadores y jóvenes encuentran cada vez mayores dificultades para acceder a un alquiler o adquirir su primera vivienda.

Canarias necesita acelerar la construcción de vivienda protegida, movilizar suelo público y facilitar soluciones habitacionales a precios compatibles con los salarios reales de las Islas.

La financiación adicional representa una oportunidad para reforzar políticas públicas, pero será necesario establecer prioridades y evaluar resultados.

Dependencia y servicios sociales

Otro frente especialmente sensible es la atención a las personas mayores y dependientes.

Canarias necesita ampliar sus recursos sociosanitarios y mejorar la respuesta a familias que esperan una plaza residencial, ayuda domiciliaria o prestaciones vinculadas a la dependencia.

Invertir en este ámbito no constituye únicamente una cuestión presupuestaria: significa garantizar dignidad y calidad de vida.

El REF queda fuera del sistema

Uno de los elementos políticamente más relevantes del acuerdo es el reconocimiento expreso de que los recursos vinculados al Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) quedan fuera del sistema ordinario de financiación autonómica.

El Ejecutivo canario considera este punto una reivindicación histórica, al entender que el REF responde a las singularidades derivadas de la lejanía, fragmentación territorial e insularidad y no debe utilizarse para sustituir la financiación ordinaria que corresponde a Canarias.

El acuerdo todavía tiene camino por recorrer

Conviene introducir una dosis de prudencia.

El respaldo del Consejo de Política Fiscal y Financiera no significa que mañana Canarias disponga automáticamente de los 1.337 millones.

La reforma debe continuar ahora su recorrido legislativo y llegar al Congreso, donde necesitará los apoyos parlamentarios necesarios para convertirse definitivamente en ley.

Por tanto, estamos ante un acuerdo políticamente importante para Canarias, pero cuyo desarrollo habrá que seguir de cerca.

Del anuncio a los resultados

Canarias necesita financiación suficiente, pero también necesita gestión, planificación, ejecución presupuestaria y evaluación de resultados.

Si finalmente se consolidan esos 1.337 millones adicionales cada año, la sociedad canaria tendrá derecho a conocer dónde se invierten y qué mejoras concretas producen.

Más recursos deberían significar mejores servicios.

Más financiación debe traducirse en menos listas de espera, más vivienda pública, más plazas sociosanitarias, mejores colegios y servicios públicos capaces de responder al crecimiento y a las necesidades reales de la población.

El acuerdo puede representar una oportunidad histórica.

Ahora llega la parte más difícil: conseguir que esos millones salgan de las tablas presupuestarias y lleguen a la vida cotidiana de los canarios.



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