Agüimes | Roque Aguayro pierde la mayoría absoluta en las municipales del día 28 de mayo.
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El clientelismo en el caciquismo fue un instrumento al servicio del fraude y la corrupción.
Sin embargo, el clientelismo político propio de las democracias más avanzadas trata de que la evolución de la sociedad se dirija al bien común o dicho de otra manera, tal y como exponen Stokes, Dunning, Nazareno y Brusco en su obra “Brokers, voters, and clientelism: The puzzle of distributive politics”, los ciudadanos defienden sus derechos en base a una concepción ideológica, buscando que políticas públicas se dirijan al interés de la colectividad, y no en una distribución de los recursos en favor de intereses particulares.
Por tanto, la red de estructura clientelar que generan los partidos políticos no debe entenderse como negativa per se, siempre y cuando se encaminen al objetivo de responder a las demandas sociales a cambio del voto. Herbert Kitschelt y Steven I. Wilkinson, autores de “Patrons, Clients and Policies. Patterns of Democratic Accountability and Political Competition”, abordan el clientelismo político como forma de rendición de cuentas, desde la perspectiva del desarrollo socio económico. El clientelismo político es la consecuencia de la utilización de las relaciones con la ciudadanía en el marco de la política.
El problema surge cuando las estructuras clientelares desembocan en una utilización en favor de intereses particulares, individuales y contrarios al interés general. El clientelismo se constituye entonces en una herramienta al servicio del tráfico de influencias, al distribuir los recursos públicos en favor de unos pocos.

Se generan grupos de poder, lobbies, relaciones que influyen sobre las decisiones políticas, chocando frontalmente con los parámetros éticos de una sociedad avanzada y pluralista e, incluso, actuando al margen de la legalidad. Si atendemos a la descripción que hace Mario Caciagli de las estructuras de poder establecidas en la mafia en "Clientelismo, corrupción y criminalidad organizada”, se observan similitudes tremendamente preocupantes.
Se conceden prebendas a amigos, familiares, compañeros de partido, empresarios, sindicalistas, al controlar el político corrupto o moralmente reprobable la contratación pública, las concesiones administrativas, la asignación de cargos de confianza, puestos de libre designación, incorporación de personal al margen de los procesos de igualdad, mérito y capacidad…
Como afirma Moreno Ocampo, “esta nueva forma de caciquismo crece en la oscuridad, como los hongos, para no facilitar pruebas que demuestren los delitos o supongan una llamada a la responsabilidad política y generen una posible y obligada dimisión”.
Las causas que motivan la aparición de la corrupción, según Ana de Juan Chocano, son tres: la predisposición a querer practicarla, la posibilidad de hacerlo y el convencimiento de que se obtiene más de lo que se arriesga.
Por tanto, para evitar estas nocivas relaciones de poder se debe de actuar sobre sus causas. La predisposición a delinquir dependerá de factores culturales, educativos, morales y es algo inherente a la condición humana, por tanto, es preciso centrarse en reducir al máximo la posibilidad de hacerlo e incrementar el riesgo que supone en contraposición a lo que se obtiene.
Se deben imponer condiciones, establecer normativas, que impidan la discrecionalidad en la toma de decisiones, profesionalizando la administración, alejando la posibilidad de que los políticos y los responsables públicos instrumenten el clientelismo, acercándolo al caciquismo de épocas pasadas.
Es absolutamente perentorio profesionalizar más la administración, fortalecer la independencia y aumentar los recursos de la Administración de Justicia y endurecer las penas contra los responsables públicos que realicen prácticas clientelares al margen de la legalidad.
Siguiendo los criterios del politólogo Francis Fukuyama, es necesario reformar la administración, aplicando en la gestión criterios técnicos, profesionalizando la toma de decisiones, eliminando la discrecionalidad y el caciquismo en los organismos, fundaciones o entidades empresariales públicas; transparentar las relaciones y la información; desvincular a los sindicatos del aparato estatal y de las redes clientelares en su sentido peyorativo y, por supuesto, generar leyes que sancionen de forma ejemplarizante las prácticas corruptas e incrementar los recursos para agilizar los procesos judiciales.
No es tarea fácil acabar con estas redes que generan beneficios al partido de turno, afectando a los resultados electorales y perjudicando la salud democrática. Pero todos debemos ser conscientes que tenemos que actuar porque, como afirma Jiménez, si nos dejamos llevar por nuestros intereses personales, acabaremos generando un problema colectivo que nos dañará personalmente. Por fin, ya vemos la luz al final del túnel después de 42 años.









