Los ayuntamientos defienden que las promociones construidas en suelo municipal beneficien principalmente a las personas que llevan años residiendo en cada localidad, sin dejar de atender los criterios sociales de vulnerabilidad.

El debate sobre el acceso a la vivienda pública ha cobrado fuerza en Canarias tras la petición de varios ayuntamientos para que las promociones construidas en suelo cedido por los propios municipios prioricen a las personas que residen desde hace más tiempo en esas localidades.

Uno de los municipios que ha defendido esta propuesta es Agüimes. Su alcalde, Óscar Hernández, ha señalado que el objetivo no es excluir a nadie, sino garantizar que las familias con mayor arraigo en el municipio tengan una oportunidad real de acceder a una vivienda construida sobre suelo aportado por el propio ayuntamiento.

 Según explicó, el modelo municipal prevé que el 70 % de las viviendas se asignen atendiendo al tiempo de residencia en el municipio y el 30 % restante mediante criterios de vulnerabilidad social.

En la misma línea se ha pronunciado la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, quien ha manifestado que el municipio cuenta con cientos de demandantes de vivienda y ha reclamado una mayor transparencia sobre la adjudicación de las promociones construidas en suelo municipal cedido al Instituto Canario de la Vivienda.

También ha planteado la posibilidad de impulsar futuras promociones mediante otros modelos de gestión que permitan mantener una mayor vinculación con las necesidades del municipio.

La propuesta ha reabierto el debate sobre cómo compatibilizar el principio de igualdad en el acceso a la vivienda protegida con el reconocimiento del arraigo de quienes llevan años viviendo en un municipio y esperan una oportunidad para acceder a una vivienda asequible.

En una comarca como el Sureste de Gran Canaria, donde el crecimiento demográfico y el incremento del precio de la vivienda dificultan el acceso de muchas familias, la demanda de soluciones continúa aumentando.

Ayuntamientos y administraciones coinciden en que es necesario incrementar la oferta de vivienda protegida, aunque persisten diferencias sobre el sistema de adjudicación más adecuado.



Mientras continúa este debate, miles de personas permanecen inscritas como demandantes de vivienda protegida en Canarias, en un contexto en el que la oferta sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades existentes.