El presidente del Cabildo de Gran Canaria pide respetar las garantías judiciales después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara una pena de cinco años de cárcel para la consejera por presuntas irregularidades relacionadas con las Jornadas del Paisaje.

RETURCAN.COM | Domingo, 18 de octubre de 2026

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha defendido la presunción de inocencia de la consejera insular Inés Miranda, después de conocerse que la Fiscalía Anticorrupción solicita para ella una pena de cinco años de prisión por presuntas irregularidades relacionadas con la organización de las Jornadas del Paisaje.

La situación judicial de Miranda ha generado atención política e institucional, al tratarse de una integrante del gobierno insular y de un procedimiento que afecta a actuaciones desarrolladas en el ámbito de la administración pública.

Morales ha apelado al respeto de las garantías judiciales, recordando la importancia de no confundir una acusación con una sentencia condenatoria.

La Fiscalía solicita cinco años de prisión

La petición formulada por el Ministerio Fiscal se enmarca en un procedimiento judicial relacionado con presuntas irregularidades en la gestión de las Jornadas del Paisaje.

La solicitud de una pena de prisión no implica que los hechos investigados hayan quedado acreditados ni que exista una condena.

Corresponderá al órgano judicial competente valorar las pruebas, escuchar a las partes y determinar, conforme a derecho, si existe responsabilidad penal.

Morales pide respetar los tiempos de la Justicia

La posición expresada por Antonio Morales pone el acento en uno de los principios fundamentales del Estado de derecho: toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente mientras no se demuestre legalmente su culpabilidad.

Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución española y constituye una garantía esencial de cualquier procedimiento penal.

La defensa de la presunción de inocencia no impide exigir transparencia, explicaciones públicas y responsabilidad institucional, especialmente cuando los hechos investigados afectan a la gestión de recursos públicos.

Repercusiones en el Cabildo de Gran Canaria

El procedimiento judicial abre un nuevo escenario de atención política sobre el gobierno insular, aunque sus consecuencias institucionales dependerán de la evolución del proceso y de las decisiones que puedan adoptar los responsables políticos.

Es importante distinguir entre las responsabilidades penales, que deben determinar los tribunales, y las responsabilidades políticas, que pueden ser objeto de debate y control democrático.

Por el momento, la petición de la Fiscalía debe entenderse como una posición acusatoria dentro del procedimiento, no como una resolución judicial de culpabilidad.

Transparencia y garantías judiciales

El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de compatibilizar dos principios fundamentales en las administraciones públicas: el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se gestionan los fondos públicos y el respeto a los derechos de las personas sometidas a una investigación judicial.

La evolución del procedimiento permitirá conocer los argumentos de las acusaciones y de la defensa, así como las decisiones que adopte el órgano judicial competente.

La última palabra corresponderá a los tribunales, con pleno respeto a la presunción de inocencia y a las garantías del proceso judicial.



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