Antonio Vélez (CC) pregunta cómo afectará la anulación del Plan Insular a Agüimes, Ingenio y Santa Lucía
La controversia judicial sobre el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria abre interrogantes sobre la seguridad jurídica de futuros proyectos de vivienda, infraestructuras y desarrollo económico en el Sureste.
El concejal de Coalición Canaria en Agüimes, Antonio Vélez, plantea la necesidad de conocer qué consecuencias concretas pueden tener las resoluciones judiciales sobre el planeamiento insular para los municipios de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.
La cuestión central no es únicamente política. Es necesario determinar qué instrumentos de ordenación continúan vigentes, qué disposiciones han sido anuladas y qué proyectos podrían verse afectados.
Vélez plantea una pregunta dirigida al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales:
«¿Cómo afecta esta situación a los municipios de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía? ¿Existe algún riesgo para los proyectos de vivienda, las infraestructuras y el desarrollo del Sureste? Los ciudadanos y los ayuntamientos necesitan información clara y seguridad jurídica».
¿Qué proyectos del Sureste podrían verse afectados?
Las cuestiones que deberían aclararse son las siguientes:
- Agüimes: desarrollo del Polígono Industrial de Arinaga, Puerto de Arinaga, nuevas promociones de viviendas e infraestructuras viarias.
- Ingenio: disponibilidad de suelo residencial, nuevas infraestructuras y compatibilidad de los desarrollos urbanísticos con la planificación insular.
- Santa Lucía de Tirajana: crecimiento residencial de Vecindario, suelo industrial y comercial y proyectos de movilidad.
Estos proyectos constituyen ámbitos que conviene examinar, no actuaciones cuya paralización esté acreditada. De hecho, RETURCAN ya informó de que no se había constatado una paralización específica en el Sureste.
Una situación que requiere explicaciones jurídicas
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la revisión del PIO aprobada en 2022 al considerar que se había adaptado a una normativa derogada. El Tribunal Supremo inadmitió uno de los recursos de casación del Cabildo el 21 de octubre de 2026.
Antonio Morales sostiene, por su parte, que todavía existen vías judiciales abiertas y defiende la vigencia del documento. Onalia Bueno ha reclamado una reunión con los 21 alcaldes de Gran Canaria para aclarar las consecuencias sobre el planeamiento municipal.
Las preguntas que plantea Antonio Vélez (CC)
Vélez considera necesario que el Cabildo facilite un informe técnico y jurídico que permita responder a cuatro cuestiones:
- ¿Qué planeamiento insular resulta aplicable actualmente en Agüimes, Ingenio y Santa Lucía?
- ¿Qué proyectos residenciales, industriales o de infraestructuras dependen de determinaciones de la revisión anulada?
- ¿Existe algún riesgo de retraso en la tramitación de nuevos desarrollos urbanísticos?
- ¿Qué medidas tiene previstas el Cabildo para garantizar la seguridad jurídica de los ayuntamientos?
El Sureste necesita certezas
La preocupación se centra especialmente en las necesidades de vivienda, la actividad económica y las inversiones públicas.
La anulación de una revisión del planeamiento no implica automáticamente que desaparezcan todos los instrumentos urbanísticos anteriores ni que queden suspendidas todas las licencias municipales. Sus efectos deben determinarse conforme a las sentencias, su firmeza, el planeamiento aplicable y la legislación urbanística de Canarias.
La pregunta que Antonio Vélez traslada al presidente del Cabildo es concreta:
«Señor Morales, ¿puede garantizar que la situación judicial del Plan Insular no retrasará las viviendas, las infraestructuras y los proyectos estratégicos de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía? Y, si existen riesgos, ¿qué soluciones tiene previstas el Cabildo?».
La petición es que los tres ayuntamientos dispongan de información oficial, actualizada y detallada antes de adoptar decisiones que comprometan nuevas inversiones.
