Canarias, a las puertas de participar en la gestión de sus aeropuertos: ¿qué cambiará para Gran Canaria?
El Gobierno central y el Ejecutivo autonómico prevén cerrar el 29 de octubre un acuerdo para crear un órgano bilateral que permita a Canarias intervenir en las decisiones aeroportuarias.
Canarias podría dar esta semana un paso importante en una reivindicación histórica: participar en la gestión de sus aeropuertos, infraestructuras fundamentales para la movilidad, la economía y el desarrollo turístico del Archipiélago.
El Gobierno de España y el Ejecutivo canario tienen previsto reunirse el próximo jueves 29 de octubre para intentar cerrar un acuerdo que permita constituir un órgano bilateral de seguimiento y participación aeroportuaria.
El portavoz del Gobierno autonómico, Alfonso Cabello, ha explicado que las negociaciones se encuentran avanzadas y que existe confianza en alcanzar un entendimiento entre ambas administraciones.
Gran Canaria, una infraestructura estratégica
El aeropuerto de Gran Canaria representa una de las principales puertas de entrada de visitantes a la isla y desempeña un papel esencial en la conectividad de sus habitantes.
Además de su importancia turística, constituye una infraestructura fundamental para la actividad empresarial, el transporte de mercancías y el empleo.
Su proximidad a los municipios de Ingenio, Telde y Agüimes convierte cualquier decisión relacionada con sus inversiones, accesos y funcionamiento en una cuestión de especial interés para el Sureste.
La participación del Gobierno de Canarias en un órgano aeroportuario permitiría establecer nuevos mecanismos de interlocución sobre las necesidades de estas instalaciones.
Una reivindicación de más de treinta años
El Ejecutivo autonómico vincula esta iniciativa al desarrollo del artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado mediante la Ley Orgánica 1/2018.
La disposición estatutaria contempla la participación de Canarias en la planificación, programación y gestión de los aeropuertos de interés general, en los términos establecidos por la legislación estatal.
Sin embargo, la creación del órgano bilateral no debe confundirse con una transferencia automática de todas las competencias aeroportuarias.
Será necesario conocer el contenido definitivo del acuerdo para determinar su alcance y las funciones concretas que asumirán ambas administraciones.
¿Qué beneficios puede aportar?
Entre las cuestiones que podrían abordarse mediante este nuevo marco de colaboración se encuentran la planificación de inversiones, la conectividad entre islas, la calidad de los servicios aeroportuarios y las necesidades de ampliación o modernización.
Para Gran Canaria, el principal interés radica en que las decisiones sobre una infraestructura estratégica tengan en cuenta las particularidades económicas y territoriales de la isla.
El próximo 29 de octubre será una fecha clave para conocer si Canarias consigue transformar una reivindicación histórica en un mecanismo efectivo de participación aeroportuaria.










