El Gobierno canario reclama que el Estado asuma el triaje de los menores migrantes que llegan a las islas y advierte de que acudirá al Tribunal Supremo si no se alcanza un acuerdo sobre el reparto de competencias.

Canarias vuelve a elevar el tono ante el Gobierno de España por la gestión migratoria. El Ejecutivo autonómico ha iniciado la vía jurídica para exigir que sea el Estado quien asuma el denominado triaje de los menores migrantes no acompañados que llegan al Archipiélago.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, confirmó la posición del Gobierno canario después de mantener una reunión con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

El encuentro no permitió cerrar uno de los principales puntos de discrepancia entre ambas administraciones: quién debe responsabilizarse del procedimiento inicial que se aplica a los menores en el contexto del control fronterizo.

Canarias sostiene que es una competencia estatal

El Ejecutivo autonómico fundamenta su posición en el Pacto Europeo de Migración y Asilo y sostiene que el triaje debe corresponder a la Administración competente en la gestión de la frontera exterior.

Canarias entiende, por tanto, que esta responsabilidad corresponde al Estado y que una colaboración de la Comunidad Autónoma no puede convertirse automáticamente en la asunción de una nueva competencia.

La controversia no se limita a quién financia el procedimiento.

El Gobierno central se ha mostrado dispuesto a sufragar los costes asociados al triaje en Canarias mientras la Justicia determina cómo deben distribuirse las responsabilidades. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico considera que el problema fundamental es competencial y no económico.

El Tribunal Supremo, siguiente escenario si no hay acuerdo

El Gobierno de Canarias ya ha presentado un primer escrito ante la Delegación del Gobierno y prevé continuar el procedimiento mediante un requerimiento al Estado.

Si tampoco se alcanza una solución por esa vía, el Ejecutivo autonómico advierte de que elevará la controversia al Tribunal Supremo para que sea la Justicia la que determine qué Administración debe asumir estas funciones.

Por tanto, no estamos todavía ante un procedimiento presentado ante el Supremo, sino ante una escalada jurídica que podría terminar en el alto tribunal si Estado y Canarias mantienen sus actuales posiciones.

También se reclama un representante para los menores

Existe otro asunto especialmente sensible.

Canarias reclama que se concrete quién debe asumir la figura de representación del menor prevista dentro del nuevo procedimiento europeo.

Esta figura debe contribuir a garantizar los derechos del menor durante el proceso, pero el Ejecutivo autonómico sostiene que todavía deben clarificarse cuestiones fundamentales como su perfil, funciones y Administración responsable.

La discusión adquiere especial importancia porque hablamos de menores de edad que llegan solos a territorio español y que requieren protección jurídica desde el primer momento.

Canarias alerta de una nueva presión sobre sus recursos

La Consejería de Bienestar Social advierte además de que las nuevas llegadas están volviendo a incrementar la presión sobre los dispositivos destinados a menores migrantes en las islas.

La posición del Gobierno canario es que el Archipiélago está dispuesto a colaborar con el Estado, pero reclama que esa cooperación se produzca con competencias claramente delimitadas, seguridad jurídica y recursos adecuados.

En cambio, respecto a la acogida de migrantes adultos, el propio Gobierno canario reconoce una situación sensiblemente diferente: la red estatal dispone actualmente de unas 5.000 plazas en Canarias, con alrededor de 1.000 ocupadas, gracias también a las derivaciones hacia la Península.

Un conflicto que vuelve a colocar a Canarias ante Madrid

La controversia abre un nuevo capítulo en las relaciones entre Canarias y el Gobierno central en materia migratoria.

Esta vez el debate va más allá del número de plazas o de los recursos económicos. La cuestión central es quién tiene la obligación legal de actuar cuando un menor migrante llega a una frontera exterior española y europea.

Canarias sostiene que esa responsabilidad inicial corresponde al Estado. El Gobierno central plantea financiar las actuaciones mientras se clarifica jurídicamente el reparto de responsabilidades.

Si ambas posiciones continúan enfrentadas, será finalmente el Tribunal Supremo quien pueda tener que marcar la frontera jurídica entre las competencias estatales y autonómicas.

RETURCAN | Actualidad de Canarias



La protección de los menores exige algo más que financiación: requiere coordinación institucional, seguridad jurídica y una definición clara de las responsabilidades de cada Administración.