El Parlamento de Canarias ha aprobado la nueva Ley para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, una norma con la que el Gobierno autonómico pretende reducir los tiempos de espera para conceder licencias y desbloquear miles de viviendas que permanecían paralizadas por la lentitud administrativa.

La nueva regulación introduce cambios relevantes para ayuntamientos, promotores y ciudadanos, con el objetivo de responder a uno de los principales problemas que afronta Canarias: la escasez de vivienda y el incremento constante de los precios.

¿Qué persigue la nueva ley?

El principal objetivo es reducir la burocracia que, en muchos municipios, hacía que una licencia urbanística pudiera tardar entre uno y tres años en resolverse.

Para ello, la ley incorpora nuevos mecanismos de colaboración con entidades técnicas acreditadas, cuyos informes tendrán validez administrativa, permitiendo a los ayuntamientos tramitar expedientes con mayor rapidez sin renunciar al control público.

¿Qué cambios traerá para los municipios?

Entre las principales novedades destacan:

• Agilización de las licencias de obra nueva.
• Reducción de los tiempos de tramitación administrativa.
• Mayor disponibilidad de suelo destinado a vivienda protegida y asequible.
• Posibilidad de apoyarse en entidades colaboradoras para emitir informes técnicos.
• Refuerzo de la seguridad jurídica para promotores, empresas y particulares.

¿Qué supone para municipios como Agüimes?

Municipios con demanda creciente de vivienda, como Agüimes, Ingenio, Telde o Santa Lucía de Tirajana, podrían beneficiarse especialmente si adaptan su organización administrativa a la nueva normativa.

No obstante, la ley por sí sola no construye viviendas. Será necesario que los ayuntamientos continúen impulsando el planeamiento urbanístico, pongan suelo a disposición de las administraciones y liciten las promociones previstas.

En el caso de Agüimes, la agilización de licencias podría reducir considerablemente los plazos cuando comiencen las futuras promociones públicas y privadas, aunque el verdadero reto seguirá siendo sacar cuanto antes a licitación las viviendas proyectadas.

Un paso importante, pero no suficiente

El Gobierno de Canarias considera que esta ley permitirá aumentar la oferta residencial y aliviar la presión del mercado inmobiliario.

Sin embargo, distintos grupos parlamentarios han advertido de que la simplificación administrativa debe ir acompañada de inversión pública, más suelo urbanizable y una planificación eficaz para que la ciudadanía perciba resultados reales.



La crisis de la vivienda no se resolverá únicamente reduciendo los plazos administrativos, pero sí puede ser un primer paso para que promociones que hoy permanecen bloqueadas lleguen antes al mercado y contribuyan a incrementar la oferta de vivienda protegida y asequible en Canarias.