Canarias quiere exigir diez años de residencia para comprar una vivienda: una propuesta que abre un debate jurídico y social
RETURCAN.COM | Vivienda y política | 15 de octubre de 2026
El Gobierno de Canarias propone limitar la adquisición de viviendas a personas que no acrediten un periodo mínimo de residencia en las islas. La iniciativa deberá superar importantes obstáculos jurídicos antes de convertirse en realidad.
El Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y el Partido Popular, ha remitido al Ejecutivo central una propuesta de real decreto-ley que pretende introducir restricciones a la compra de viviendas en el archipiélago.
La iniciativa plantea exigir diez años de empadronamiento continuado o quince años discontinuos para adquirir una vivienda en Canarias, con el objetivo de frenar la presión inmobiliaria y favorecer el acceso de la población residente al mercado.
El documento también contempla limitar a dos el número de viviendas que puede adquirir una persona, siempre que estén situadas en municipios diferentes. Asimismo, establece condiciones específicas para las compras realizadas por sociedades mercantiles.
Una medida de enorme trascendencia
El Gobierno autonómico justifica su propuesta por las especiales características territoriales de Canarias, la limitación del suelo disponible y las dificultades que encuentran numerosas familias para acceder a una vivienda.
El incremento de los precios de compraventa, unido a la presión turística y a la inversión inmobiliaria, ha provocado que muchos residentes tengan dificultades para adquirir una vivienda en su propio municipio.
Sin embargo, la iniciativa abre interrogantes importantes.
¿Puede limitarse la compra de una vivienda a un ciudadano español por no llevar diez años residiendo en Canarias? ¿Es compatible esta restricción con la Constitución española y con las libertades de circulación y establecimiento reconocidas por el Derecho de la Unión Europea?
Estas cuestiones deberán ser examinadas jurídicamente.
La vivienda no se resuelve únicamente limitando compradores
La escasez de vivienda disponible exige también aumentar la construcción de vivienda protegida, movilizar inmuebles desocupados y agilizar los procedimientos urbanísticos.
En municipios como Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana, donde el acceso a una vivienda constituye una preocupación creciente, las administraciones deben combinar medidas de protección residencial con actuaciones que permitan incrementar la oferta.
La cuestión fundamental es si esta propuesta conseguirá facilitar viviendas a precios asequibles o si terminará generando nuevas dificultades jurídicas y administrativas.
Por ahora, se trata de una propuesta remitida al Gobierno de España. No existe una prohibición general en vigor que impida comprar viviendas en Canarias por no acreditar diez años de residencia.
