La plataforma exige investigar el operativo desarrollado en Pedro Hidalgo, mientras el Ayuntamiento cuestiona que no se suspendiera el lanzamiento pese al informe de vulnerabilidad. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias defiende la legalidad del procedimiento.

RETURCAN.COM | Las Palmas de Gran Canaria |

El desahucio de una madre y sus dos hijos menores, de 4 y 16 años, ejecutado el pasado martes 13 de octubre en el barrio de Pedro Hidalgo, continúa generando controversia social e institucional.

La plataforma ciudadana Derecho al Techo ha denunciado públicamente lo que considera una actuación policial desproporcionada durante el lanzamiento judicial y reclama que se investiguen las circunstancias del operativo.

El caso ha provocado también discrepancias sobre la tramitación del informe de vulnerabilidad de la familia y la coordinación entre los servicios sociales municipales y la autoridad judicial.

Los hechos confirmados: el desahucio se ejecutó

El martes 13 de octubre se llevó a cabo el lanzamiento judicial de la vivienda en la que residía una mujer con sus dos hijos menores de edad.

El procedimiento estaba relacionado con el impago del alquiler y fue ejecutado mediante una comisión judicial, con intervención de efectivos policiales.

Durante el operativo se concentraron numerosos vecinos y miembros de colectivos sociales que intentaron impedir el desalojo.

Se produjeron momentos de tensión y forcejeos entre agentes y manifestantes. La madre tuvo que recibir asistencia sanitaria tras sufrir un desvanecimiento.

La ejecución del lanzamiento está confirmada por diferentes medios de comunicación, por lo que ya no se trata de una amenaza de desahucio, sino de un procedimiento efectivamente ejecutado.

Derecho al Techo denuncia la actuación policial

En un comunicado difundido este viernes, la plataforma Derecho al Techo cuestiona la intervención de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria y del Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA).

El colectivo considera que la actuación de los agentes frente a las personas que ejercían resistencia pacífica no respetó adecuadamente los principios de proporcionalidad y protección del derecho a la protesta.

La organización denuncia que varias personas resultaron heridas durante el operativo y reclama que se esclarezcan las circunstancias en las que se produjeron estas lesiones.

Es importante precisar que estas acusaciones corresponden a la versión de Derecho al Techo y que no consta, en la información consultada, una resolución judicial o investigación concluida que determine la existencia de una actuación policial ilegal.

La plataforma reclama que se revisen las actuaciones y se determinen las responsabilidades que pudieran corresponder.

El informe de vulnerabilidad, en el centro de la controversia

Otro de los aspectos más controvertidos es el informe de vulnerabilidad elaborado por los servicios sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Según ha explicado el director general municipal de Servicios Sociales, Carlos Gómez, la documentación fue elaborada y presentada por registro judicial el mismo día del desahucio.

El responsable municipal ha defendido que la familia reunía circunstancias de vulnerabilidad y carecía de una alternativa habitacional, por lo que ha cuestionado que no se suspendiera el lanzamiento.

Por su parte, Derecho al Techo sostiene que la familia había solicitado previamente el informe y que las circunstancias sociales debieron ser valoradas antes de ejecutar la resolución.

Estas manifestaciones evidencian discrepancias sobre los plazos de tramitación, las comunicaciones institucionales y la consideración judicial de la documentación aportada.

El presidente del TSJC defiende la legalidad del procedimiento

La controversia también ha provocado una respuesta desde el ámbito judicial.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Avello, manifestó el jueves 15 de octubre que el procedimiento se había desarrollado respetando escrupulosamente la legalidad.

Avello recordó igualmente la independencia de los jueces y la necesidad de respetar las decisiones adoptadas por los órganos judiciales competentes.

Su posición contrasta con las críticas de Derecho al Techo y las dudas expresadas desde el ámbito municipal.

En cualquier caso, la valoración de la legalidad del procedimiento judicial y la investigación de posibles excesos policiales son cuestiones diferentes que deben analizarse con las garantías correspondientes.

El derecho a la vivienda y la protección de los menores

El caso de Pedro Hidalgo vuelve a poner sobre la mesa uno de los problemas sociales más importantes de Canarias: la dificultad de numerosas familias para mantener una vivienda en condiciones económicas asumibles.

El artículo 47 de la Constitución Española reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, mientras que el artículo 33 protege el derecho a la propiedad privada.

Ambos derechos deben ser considerados dentro del marco jurídico vigente, junto con las garantías procesales y las medidas de protección previstas para las personas vulnerables.

Cuando existen menores de edad, también resulta especialmente relevante el principio del interés superior del menor, recogido en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.

La existencia de vulnerabilidad social no implica automáticamente la suspensión de cualquier desahucio, pero exige que se examinen las circunstancias y se apliquen las garantías legalmente previstas.

RETURCAN: las administraciones deben ofrecer respuestas coordinadas

Más allá de las diferencias entre las partes, el caso plantea una cuestión que merece una reflexión pública: ¿están funcionando adecuadamente los mecanismos de coordinación entre los juzgados, los servicios sociales y las administraciones responsables de vivienda?

Las resoluciones judiciales deben respetarse, al igual que los derechos legítimos de los propietarios. Sin embargo, las administraciones también tienen la responsabilidad de actuar dentro de sus competencias para prevenir situaciones de exclusión residencial.

La protección de las familias vulnerables no debería depender de actuaciones improvisadas en las horas anteriores a un lanzamiento.

Resulta necesario mejorar los procedimientos de comunicación institucional, anticipar la intervención de los servicios sociales y disponer de recursos habitacionales para atender situaciones de emergencia.

El problema de la vivienda no se resuelve enfrentando a propietarios e inquilinos, sino incrementando la oferta asequible, reforzando la seguridad jurídica y mejorando la protección social.

Una investigación necesaria para esclarecer lo ocurrido

Derecho al Techo reclama que se investigue el operativo policial y se aclaren las circunstancias de la ejecución del desahucio.

También exige una mayor coordinación institucional para evitar que otras familias vulnerables puedan encontrarse en situaciones similares.

Por el momento, las denuncias sobre la proporcionalidad de la intervención policial siguen siendo acusaciones formuladas por el colectivo, mientras que desde la Presidencia del TSJC se ha defendido la legalidad del procedimiento judicial.

RETURCAN continuará atento a las posibles investigaciones, a la respuesta de las administraciones y, especialmente, a la situación habitacional de la madre y sus dos hijos.

Porque detrás de cada expediente judicial hay personas, pero también derechos y obligaciones que deben respetarse con rigor, humanidad y seguridad jurídica.



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