El Gobierno autonómico propone limitar la adquisición de inmuebles por personas no residentes para combatir la especulación y facilitar el acceso a la vivienda de las familias canarias. La iniciativa deberá superar importantes obstáculos jurídicos antes de convertirse en ley.

Canarias, 16 de octubre de 2026. El Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, ha trasladado al Ejecutivo central una propuesta legislativa que podría modificar sustancialmente el mercado inmobiliario del archipiélago: exigir un mínimo de diez años de residencia continuada, o quince años discontinuos, para poder adquirir una vivienda en las islas.

La iniciativa pretende frenar la presión inmobiliaria que afecta a miles de familias canarias, especialmente a los jóvenes que encuentran enormes dificultades para independizarse o acceder a su primera vivienda.

Limitar la especulación inmobiliaria

La propuesta contempla restringir la adquisición de viviendas por personas que no acrediten el periodo de residencia establecido, sean españolas o extranjeras.

Asimismo, plantea limitar a dos el número de viviendas que una misma persona pueda adquirir, situadas en municipios diferentes, y establecer condiciones específicas para las operaciones realizadas por empresas y sociedades.

El Ejecutivo autonómico considera que Canarias necesita medidas excepcionales debido a su condición de región ultraperiférica, la escasez de suelo y la creciente presión de la demanda inmobiliaria.

Una medida que necesita respaldo jurídico

La propuesta no está aprobada ni ha entrado en vigor. Para aplicarse deberá superar el correspondiente procedimiento legislativo y las exigencias del derecho europeo.

El artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconoce las singularidades de las regiones ultraperiféricas, pero cualquier restricción deberá justificarse y respetar los principios de proporcionalidad y libre circulación de capitales.

¿Solucionará el problema de la vivienda?

Limitar las compras especulativas podría reducir parte de la presión sobre el mercado, pero los especialistas también advierten de la necesidad de aumentar la construcción de viviendas protegidas, movilizar inmuebles vacíos y agilizar los procedimientos urbanísticos.

En municipios como Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana, donde la demanda residencial continúa siendo una preocupación ciudadana, el debate adquiere especial importancia.

La cuestión de fondo sigue siendo la misma: ¿conseguirán las administraciones que trabajar y residir en Canarias vuelva a ser suficiente para acceder a una vivienda digna?



RETURCAN.COM continuará siguiendo la tramitación de esta iniciativa y sus posibles consecuencias para las familias del Sureste de Gran Canaria.