La formación política reclama explicaciones sobre la gestión de los fondos públicos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su portavoz, Mar Domínguez, sostiene que los hechos investigados no responderían a un error aislado, sino a una sucesión de actuaciones presuntamente irregulares entre 2015 y 2022.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de octubre de 2026. — Drago Las Palmas de Gran Canaria ha puesto el foco en la pieza separada número 5 del conocido como caso Valka, una investigación judicial relacionada con presuntas irregularidades en la contratación y facturación del suministro de agua destinado a servicios municipales de la capital grancanaria.

Según la información difundida por la formación política, las actuaciones investigadas se habrían desarrollado durante siete años, entre 2015 y 2022, y podrían haber ocasionado un perjuicio económico superior al millón de euros a las arcas públicas.

La portavoz de Drago LPGC, Mar Domínguez, considera que los hechos descritos en la investigación apuntan a una situación que exige explicaciones políticas y administrativas.

«Esto no es un error puntual, sino un patrón sostenido durante siete años con contratos a medida, facturación irregular y responsables políticos que miraron para otro lado», manifestó Domínguez.

Más de un millón de euros en presuntos sobrecostes

De acuerdo con la información trasladada por Drago, la investigación examina posibles pagos municipales correspondientes a cantidades de agua que no habrían sido realmente suministradas.

La presunta alteración de los datos de consumo habría permitido facturar importes superiores a los correspondientes al suministro efectivo, generando un sobrecoste estimado en más de un millón de euros.

La formación señala que parte de estos fondos habría terminado en cuentas vinculadas a la empresa Guerra Patrimonial FGG, relacionada con el empresario Felipe Guerra.

Asimismo, sostiene que la empresa se habría beneficiado de hasta 18 contratos adjudicados desde el servicio municipal de Parques y Jardines, de los cuales 13 habrían sido contratos menores.

Estas circunstancias forman parte de las presuntas irregularidades descritas en la información sobre la investigación y deberán ser valoradas judicialmente.

Transferencias y operaciones económicas bajo investigación

Otro de los aspectos destacados por Drago se refiere al papel de Miguel Ángel Padrón, antiguo jefe del servicio municipal de Parques y Jardines.

Según los datos recogidos por la formación, la investigación habría identificado 16 transferencias por un importe conjunto de 376.549,60 euros, realizadas entre mayo de 2019 y marzo de 2020 desde una cuenta de Guerra Patrimonial FGG a otra vinculada a Padrón.

También se menciona un préstamo de 430.000 euros concedido en 2019 por Felipe Guerra, sin intereses y con un plazo de devolución hasta 2035, relacionado con un proyecto de viviendas vacacionales en La Palma.

Drago recuerda igualmente la relación empresarial que habría existido entre Padrón y Guerra a través de EsVertical, así como la suspensión de empleo y sueldo durante tres años que, según la formación, se impuso al antiguo responsable municipal por incompatibilidad.

La existencia de estas operaciones económicas no determina por sí sola la comisión de delitos, cuestión que corresponde esclarecer a los tribunales.

La responsabilidad política y administrativa

La información difundida por Drago también se refiere a la situación procesal de Inmaculada Medina, antigua concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y responsable del área de Mantenimiento Urbano entre 2015 y 2019.

Según el comunicado, Medina figura entre las personas investigadas por presuntos delitos relacionados con malversación, falsedad documental, prevaricación y fraude a la Administración.

La investigación examina, entre otras cuestiones, la firma de resoluciones y decretos de gasto y la posible ausencia de controles técnicos previos sobre determinadas facturaciones.

Mar Domínguez cuestiona cómo pudieron tramitarse durante años operaciones económicas sin que, según su valoración, se detectaran las presuntas irregularidades.

«Nos preguntamos hasta qué punto se puede firmar durante años sin control alguno y si eso es negligencia o algo más», señaló la portavoz.

La formación reclama que se esclarezcan tanto las posibles responsabilidades penales como las actuaciones administrativas que permitieron la tramitación de los pagos investigados.

Drago reclama transparencia en la gestión municipal

Drago LPGC vincula este caso con la necesidad de reforzar los mecanismos de control de la contratación pública y la fiscalización del gasto municipal.

La organización considera que los ciudadanos deben conocer cómo se gestionan los recursos públicos y qué medidas se adoptan para prevenir posibles irregularidades.

En su comunicado, la formación también plantea la necesidad de un proyecto político alternativo de cara a las elecciones municipales de 2027, centrado, según expone, en la transparencia y la rendición de cuentas.

Una investigación pendiente de resolución judicial

Según la información facilitada por Drago, las actuaciones relacionadas con esta pieza del caso Valka se encuentran en una fase judicial avanzada ante la Audiencia Provincial de Las Palmas.

No obstante, las acusaciones y los hechos investigados deberán ser examinados en el procedimiento correspondiente, con pleno respeto a la presunción de inocencia de todas las personas implicadas.

RETURCAN.COM recoge las manifestaciones de Drago Las Palmas de Gran Canaria como posicionamiento de esta formación política, sin presentar las presuntas irregularidades como hechos penalmente acreditados.



El esclarecimiento de lo sucedido, la determinación de las posibles responsabilidades y la eventual recuperación de fondos públicos dependerán de las actuaciones judiciales y administrativas que correspondan.