El portavoz popular en el Cabildo, Miguel Jorge Blanco, reclama dimisiones después de que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso contra la anulación de la revisión del Plan Insular de Ordenación.

La situación del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria ha abierto un nuevo enfrentamiento político entre el Gobierno del Cabildo, presidido por Antonio Morales, y el Partido Popular, que exige responsabilidades por la anulación judicial de uno de los principales instrumentos de planificación territorial de la isla.

El portavoz popular, Miguel Jorge Blanco, considera que el Gobierno insular debe asumir las consecuencias políticas de lo ocurrido y ha reclamado dimisiones entre los responsables de la tramitación y aprobación del documento.

La controversia se produce después de que el Tribunal Supremo, mediante resolución de 21 de octubre, inadmitiera el recurso de casación presentado por el Cabildo contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anuló la revisión del PIO.

Un instrumento fundamental para el desarrollo de Gran Canaria

El Plan Insular constituye una herramienta esencial para establecer las grandes líneas de ordenación del territorio, la implantación de infraestructuras y la compatibilidad entre desarrollo económico y protección ambiental.

La revisión aprobada en diciembre de 2022 pretendía actualizar el marco de planificación territorial de Gran Canaria.

Sin embargo, los tribunales han cuestionado el procedimiento seguido, especialmente por su relación con la normativa urbanística anterior a la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias de 2017.

La inadmisión del recurso por el Supremo mantiene la anulación derivada de la sentencia recurrida, aunque el alto tribunal no ha entrado a resolver el fondo de la controversia urbanística.

El Partido Popular reclama un plan alternativo

Miguel Jorge Blanco sostiene que el Gobierno insular debería abandonar una estrategia centrada en prolongar los litigios y comenzar a trabajar en una alternativa que permita recuperar la seguridad jurídica de la planificación territorial.

Desde el PP se considera necesario corregir los problemas jurídicos detectados y establecer un calendario para disponer de un instrumento de ordenación actualizado.

Por su parte, Antonio Morales mantiene que todavía existen procedimientos y posibilidades jurídicas que deben ser examinados antes de dar por agotada la defensa del documento.

Vivienda, industria e infraestructuras, pendientes de la planificación

La situación del PIO plantea interrogantes sobre el futuro de determinados desarrollos territoriales y económicos de Gran Canaria.

Entre los sectores que podrían verse afectados por la incertidumbre urbanística figuran la vivienda, las infraestructuras, los equipamientos y determinadas actividades industriales y turísticas.

No obstante, las consecuencias concretas deberán analizarse conforme a la normativa vigente y al alcance de las resoluciones judiciales.

El debate ya no es exclusivamente jurídico. También es político: determinar qué estrategia permitirá dotar a Gran Canaria de una planificación territorial actualizada, jurídicamente sólida y capaz de responder a sus necesidades de desarrollo.

La controversia continuará previsiblemente en el Cabildo, donde el Gobierno insular deberá explicar sus próximos pasos y la oposición exigirá un calendario de soluciones.



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