El Tribunal Supremo ha emitido un informe desfavorable a la concesión del indulto solicitado para el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de secretos.

La petición de la medida de gracia fue presentada por dos ciudadanos particulares y su tramitación fue iniciada por el Ministerio de Justicia.

En su dictamen, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal considera que no concurren razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen la concesión del indulto. Los magistrados destacan la gravedad de los hechos por los que fue condenado y subrayan el perjuicio que el delito ocasionó a la credibilidad y a la imagen institucional de la Fiscalía.

El informe también pone de manifiesto que, a juicio del Tribunal Supremo, el condenado no ha mostrado una actitud posterior que refleje el reconocimiento del orden jurídico vulnerado, circunstancia que los magistrados consideran relevante a la hora de valorar la medida de gracia.

Aunque el criterio del Tribunal Supremo es preceptivo dentro del procedimiento, la decisión final corresponde al Consejo de Ministros, ya que el informe judicial no tiene carácter vinculante. Será el Gobierno de España quien determine finalmente si concede o deniega el indulto solicitado.

La posible decisión del Ejecutivo ha generado un intenso debate político y jurídico. Diversos partidos de la oposición han anunciado que seguirán de cerca la evolución del procedimiento, al considerar que la resolución podría tener una importante repercusión institucional.



La resolución que adopte el Gobierno marcará el desenlace de un procedimiento que continúa abierto y que mantiene el foco sobre el alcance de la figura del indulto y su aplicación en casos que afectan a altas instituciones del Estado.