La falta de vivienda pública, los elevados precios y la inseguridad jurídica percibida por los propietarios mantienen bloqueado buena parte del mercado residencial

El Sureste de Gran Canaria vive una contradicción difícil de justificar: mientras cientos de familias, jóvenes y trabajadores no encuentran una vivienda a un precio asumible, miles de inmuebles permanecen cerrados o fuera del mercado del alquiler residencial.

La cifra de viviendas vacías en la comarca supera ampliamente las 2.000 unidades. Solo en Agüimes, el documento municipal de planificación en materia de vivienda contabiliza 1.686 viviendas vacías, equivalentes al 11,73 % de las 14.365 viviendas censadas en el municipio.

Por tanto, no estamos únicamente ante un problema de falta de construcción. También existe un importante parque residencial construido que no está cumpliendo actualmente una función habitacional.

El miedo de los propietarios también forma parte del problema

Numerosos propietarios manifiestan que no ponen sus viviendas en alquiler por temor a sufrir impagos, daños en el inmueble, ocupaciones o procedimientos judiciales excesivamente prolongados.

Se trata de una percepción de inseguridad jurídica que no puede ignorarse ni despacharse culpando automáticamente a quienes mantienen cerrada una vivienda. El propio diagnóstico del futuro Plan de Vivienda de Canarias 2026-2030 reconoce la inseguridad jurídica de los propietarios, el desequilibrio entre la oferta y la demanda y el crecimiento del alquiler turístico como factores que condicionan el acceso a la vivienda.

Sin garantías suficientes, una parte de los propietarios prefiere mantener sus inmuebles cerrados, venderlos o destinarlos a otros usos. El resultado es menos oferta residencial, alquileres más caros y mayores dificultades para las familias con ingresos medios y bajos.

Enfrentar a propietarios e inquilinos no resolverá nada. La política útil debe ofrecer protección a las dos partes: garantías de cobro y conservación del inmueble para quien alquila, y precios asequibles, contratos estables y condiciones dignas para quien necesita una vivienda.

La vivienda pública continúa siendo insuficiente

A esta situación se suma la escasez de vivienda social y de alquiler asequible. Los compromisos anunciados durante la legislatura no se han traducido todavía en una oferta capaz de responder a la demanda existente en Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.

Según los datos correspondientes a 2023 recogidos en la planificación municipal de Agüimes, el Instituto Canario de la Vivienda disponía de 374 viviendas en Agüimes, 218 en Ingenio y 349 en Santa Lucía de Tirajana. En conjunto, 941 viviendas públicas para una comarca que supera ampliamente los 130.000 habitantes.

La desproporción resulta evidente. La construcción de nuevas promociones es necesaria, pero sus plazos administrativos, urbanísticos y materiales impiden que sea la única respuesta. Una familia que necesita una vivienda hoy no puede vivir durante años de una infografía, una promesa electoral o una futura licitación.

Movilizar las viviendas cerradas

La prioridad debe ser poner en circulación una parte de las viviendas vacías mediante un programa específico para el Sureste, coordinado entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo y los tres ayuntamientos.

Ese programa debería incluir:

• Garantía pública del cobro de las mensualidades.
• Seguro frente a desperfectos y actos vandálicos.
• Asistencia jurídica gratuita durante el contrato.
• Mediación inmediata ante conflictos entre propietarios e inquilinos.
• Ayudas para rehabilitar viviendas cerradas que no reúnen condiciones de habitabilidad.
• Incentivos fiscales para quienes alquilen por debajo del precio de mercado.
• Selección y seguimiento público de las familias arrendatarias.

El Gobierno de Canarias está tramitando la Bolsa Activa de Vivienda Asequible, gestionada a través de VISOCAN, para incorporar viviendas privadas vacías o infrautilizadas al alquiler asequible. Esta herramienta debe desplegarse de manera efectiva en el Sureste y no quedarse en otro anuncio administrativo.

Hace falta planificación comarcal y resultados medibles

Agüimes, Ingenio y Santa Lucía necesitan una estrategia compartida de vivienda. Los tres ayuntamientos deberían actualizar el censo de inmuebles vacíos, identificar las causas por las que permanecen cerrados y establecer objetivos anuales verificables.

No basta con afirmar que se construirán cientos o miles de viviendas sin concretar parcelas, financiación, modalidad de adjudicación y calendario de ejecución. Cada promoción anunciada debe contar con una ficha pública que permita conocer su situación administrativa, presupuesto, fecha de licitación, comienzo de las obras y plazo previsto de entrega.



La vivienda es un derecho básico, pero garantizarlo exige gestión, inversión y seguridad jurídica. El Sureste necesita construir nuevas viviendas sociales, movilizar las que permanecen cerradas y recuperar la confianza de los pequeños propietarios.

Tenemos viviendas sin personas y personas sin vivienda. Resolver esa contradicción debe convertirse en una prioridad real, con presupuesto, calendario y rendición de cuentas.