El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) deberá implantarse antes de noviembre de 2026, aunque todavía quedan aspectos operativos por definir. El nuevo modelo afectará a botellas de plástico, latas y envases de cartón para bebidas, con un depósito mínimo de 10 céntimos por unidad.

El sector de la hostelería y la restauración comienza a prepararse para la llegada del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), una medida que busca aumentar las tasas de reciclaje y reducir el abandono de envases en el medio ambiente.

El sistema consistirá en que el consumidor abonará un depósito adicional de al menos 10 céntimos al comprar determinadas bebidas en envases de un solo uso. Esa cantidad será recuperada cuando el envase vacío sea devuelto en un punto habilitado para ello. No se trata de un impuesto, sino de una fianza reembolsable.

La implantación del SDDR viene motivada por el incumplimiento de los objetivos de recogida selectiva establecidos por la Ley 7/2022.

España no alcanzó los niveles mínimos exigidos para la recuperación de botellas de plástico, lo que activa automáticamente la obligación legal de poner en marcha este sistema antes de noviembre de 2026.

Consumo en bares y restaurantes

Uno de los aspectos que más interés despierta entre los empresarios del sector es que las bebidas consumidas dentro del propio establecimiento, ya sea en barra o en mesa, estarán exentas de este depósito.

La normativa europea considera que en estos casos es el propio negocio quien recoge y gestiona los envases, evitando su abandono en el entorno.

Sin embargo, sí se aplicará el depósito en las bebidas vendidas para llevar, por lo que los establecimientos con actividad de "take away" deberán adaptarse a las nuevas obligaciones cuando el sistema entre en funcionamiento.

Aún quedan dudas por resolver

Aunque la fecha límite legal está fijada, todavía no se han publicado todas las instrucciones técnicas necesarias para conocer cómo será la operativa definitiva.

Aspectos como la logística de recogida, los puntos de devolución o los posibles periodos de adaptación continúan pendientes de concreción por parte de las administraciones competentes.