Artículo de opinión

¿Cómo hemos llegado a una situación en la que tantas familias no encuentran un alquiler que puedan pagar y algunos propietarios prefieren mantener su vivienda cerrada? La crisis de la vivienda exige respuestas que vayan más allá de anunciar medidas y buscar un único culpable.

La demanda necesita viviendas que la oferta no está proporcionando con suficiente rapidez. Los estudios del Banco de España señalan obstáculos como la escasez de suelo preparado para edificar y la falta de trabajadores en la construcción. BBVA Research incorpora también la incertidumbre regulatoria entre los factores que pueden limitar la oferta.

Cuando muchas personas compiten por pocas viviendas disponibles en una misma zona, aumenta la capacidad de los propietarios para elevar los precios. Las familias con ingresos más bajos quedan relegadas, los jóvenes retrasan su emancipación y quienes trabajan lejos de su domicilio afrontan desplazamientos cada vez mayores. Que existan viviendas vacías en otros lugares no resuelve automáticamente la necesidad de vivir cerca del empleo y los servicios.

Los municipios también deben responder. Cabe exigirles que expliquen qué suelo puede destinarse a vivienda, qué obstáculos frenan su desarrollo, cuánto tardan las licencias y qué promociones públicas tienen financiación y calendario. Anunciar cientos de viviendas tiene poco valor si los vecinos no pueden conocer cuándo comenzarán las obras y cuándo se entregarán las llaves.

A estas dificultades se suma la confianza de quienes podrían invertir. Según el testimonio que me han trasladado, Mateo, un promotor canario que tenía previsto construir 28 viviendas, expresa dudas sobre seguir adelante por el temor a los impagos y a la ocupación. Es un caso particular, pendiente de contrastar, que ilustra una preocupación; no permite medir por sí solo cuántas promociones se paralizan por ese motivo.

Pero esa preocupación merece una respuesta. Quien invierte necesita reglas comprensibles, estabilidad y mecanismos eficaces para resolver incumplimientos. La percepción de que un conflicto puede prolongarse y generar pérdidas puede influir en la decisión de construir o alquilar.

Tampoco conviene confundir situaciones distintas: el impago dentro de un contrato y la entrada en una vivienda sin autorización no son el mismo supuesto. Y afirmar que la propiedad carece de protección en España sería incorrecto: el artículo 33 de la Constitución la reconoce, junto con su función social. El artículo 47 encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para acceder a una vivienda digna. La exigencia política debe ser que esa protección y ese acceso funcionen en la práctica.

Una familia que pierde sus ingresos necesita apoyo público. Un pequeño propietario que depende del alquiler también necesita garantías. La respuesta social no debería descansar indefinidamente sobre una sola de las partes.

Por eso hacen falta vivienda pública y asequible, suelo disponible, licencias ágiles con todas las garantías, rehabilitación y programas que permitan incorporar viviendas vacías al alquiler con seguridad. También una respuesta rápida ante los conflictos y ayudas que lleguen antes de que las deudas sean insostenibles.

El riesgo de desincentivar la oferta debe evaluarse con datos. Del mismo modo, hay que comprobar si las medidas realmente estabilizan a los inquilinos y facilitan el acceso a quienes buscan casa.

España necesita que poner una vivienda en alquiler inspire confianza y que pagarla no condene a una familia a vivir al límite.

Esa es la responsabilidad compartida del Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y debe traducirse en viviendas disponibles, contratos estables y resultados verificables.