La decisión judicial supone un nuevo revés para la planificación territorial impulsada por el Cabildo que preside Antonio Morales y abre interrogantes sobre el futuro de proyectos urbanísticos, turísticos, industriales y de infraestructuras en la isla.

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por el Cabildo de Gran Canaria contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que declaró nula la revisión del Plan Insular de Ordenación (PIO), aprobada definitivamente en diciembre de 2022.

La decisión, adoptada mediante providencia del pasado 21 de octubre, cierra esta vía judicial para la institución insular y deja firme la sentencia recurrida, sin que el Alto Tribunal haya entrado a examinar el fondo de la controversia urbanística.

Un problema jurídico que se remonta a 2022

El origen del conflicto se encuentra en la normativa utilizada para tramitar y aprobar la revisión del Plan Insular.

El TSJC consideró que el Cabildo había aprobado un instrumento de ordenación territorial para adaptarlo a las directrices establecidas por la Ley 19/2003, pese a que buena parte de estas habían sido derogadas por la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Los magistrados entendieron que no resultaba jurídicamente admisible aprobar una revisión del planeamiento basada en disposiciones que ya habían perdido su vigencia.

Esta interpretación motivó varias sentencias anulatorias, dictadas tras recursos presentados por empresas y colectivos afectados por el documento de ordenación.

¿Por qué el Supremo no admite el recurso?

El Tribunal Supremo considera que el Cabildo no justificó suficientemente la relevancia de las cuestiones de Derecho estatal planteadas para que fueran examinadas en casación.

La controversia se centra fundamentalmente en la interpretación y aplicación de la legislación urbanística autonómica canaria.

Por tanto, la inadmisión no constituye un nuevo pronunciamiento sobre la legalidad material del Plan Insular, sino que mantiene la sentencia anulatoria dictada por el TSJC.

Vivienda, industria y turismo: posibles repercusiones

La anulación de la revisión del PIO plantea interrogantes sobre la planificación territorial de Gran Canaria.

Entre los ámbitos que podrían verse afectados se encuentran:

• Vivienda: la planificación de nuevos desarrollos residenciales y la disponibilidad de suelo.
• Industria: la ordenación de espacios destinados a actividades empresariales y polígonos industriales.
• Infraestructuras: determinados proyectos de comunicaciones, equipamientos y actuaciones portuarias.
• Turismo: la planificación de nuevos establecimientos y desarrollos turísticos.
• Suelo rústico: las condiciones de ordenación y los usos permitidos en determinados terrenos.

No obstante, conviene precisar que la resolución judicial no supone automáticamente la paralización de todos estos proyectos. Sus consecuencias dependerán de la normativa territorial aplicable y de la situación administrativa de cada actuación.

El Cabildo de Gran Canaria ante un nuevo escenario

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha defendido la legalidad del documento y ha cuestionado las sentencias que anularon su revisión.

La institución insular había manifestado su intención de utilizar las vías judiciales disponibles para defender el planeamiento aprobado.

Sin embargo, la inadmisión del recurso de casación limita las posibilidades de revertir la sentencia afectada mediante la jurisdicción ordinaria, aunque no implica necesariamente que hayan concluido todos los procedimientos relacionados con el PIO.

¿Qué puede significar para Agüimes y el Sureste?

Municipios como Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana cuentan con importantes áreas residenciales, comerciales e industriales, además de infraestructuras estratégicas para la economía insular.

En particular, el Polígono Industrial de Arinaga, el Puerto de Arinaga y los futuros desarrollos residenciales son ejemplos de actuaciones cuyo marco territorial resulta especialmente relevante.

Por ello, será importante conocer si la anulación de la revisión del PIO tiene alguna repercusión concreta sobre los proyectos previstos en esta comarca.

Por el momento, no se ha acreditado que esta resolución paralice actuaciones específicas en el Sureste.

La seguridad jurídica, una prioridad para el futuro de Gran Canaria

La decisión judicial sitúa nuevamente en el debate público la necesidad de disponer de instrumentos de planificación territorial actualizados, jurídicamente sólidos y compatibles con la legislación vigente.

La ordenación del territorio constituye una herramienta fundamental para facilitar inversiones, garantizar la protección ambiental y permitir que las administraciones planifiquen las infraestructuras y los servicios públicos.

El principal interrogante es ahora qué actuaciones impulsará el Cabildo de Gran Canaria para garantizar un marco de planificación estable y cómo afectará la anulación a los proyectos que dependen de la ordenación insular.



El desarrollo económico y territorial de Gran Canaria exige claridad normativa, coordinación institucional y seguridad jurídica tanto para las administraciones como para las empresas y los ciudadanos.