Miles de metros cuadrados de antiguos terrenos agrícolas han dado paso a parques fotovoltaicos y aerogeneradores. La transición energética avanza, pero crece el debate sobre su impacto y el retorno para los ciudadanos.

Durante décadas, el Sureste de Gran Canaria fue una de las principales zonas agrícolas de la isla. Municipios como Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana vivieron del cultivo del tomate, actividad que generó miles de empleos directos e indirectos, impulsó la economía local y dio identidad al paisaje.

Hoy la realidad es muy distinta. Allí donde antes existían invernaderos y explotaciones agrícolas, cada vez son más visibles los parques de placas solares y los aerogeneradores.

La apuesta por las energías renovables es un objetivo compartido para reducir las emisiones contaminantes y avanzar hacia un modelo energético más sostenible. Pocos discuten esa necesidad.

Sin embargo, lo que sí comienza a generar un intenso debate social es una pregunta sencilla: ¿qué recibe el ciudadano a cambio?

Muchos vecinos consideran que, mientras el territorio asume un profundo cambio paisajístico y ambiental, el coste de la vida no deja de aumentar.

La factura eléctrica continúa representando un gasto importante para numerosos hogares, a la que se suman el incremento del recibo del agua, la tasa de residuos y un IBI que, en muchos casos, supone una carga creciente para las economías familiares.

A ello se añade el elevado coste de mantener una vivienda.

Entre impuestos municipales, suministros y otros gastos fijos, numerosas familias destinan cada mes varios cientos de euros simplemente para conservar su hogar, una situación muy diferente a la de hace tres décadas.

Desde el punto de vista técnico, la expansión de las energías renovables aporta beneficios claros: reduce la dependencia de los combustibles fósiles, disminuye las emisiones de CO₂ y mejora la seguridad del suministro energético.

Sin embargo, los expertos recuerdan que el precio final de la electricidad no depende únicamente de producir energía renovable, sino también de factores como el coste de las redes eléctricas, la distribución, los impuestos, los cargos regulados, el almacenamiento y el funcionamiento del mercado eléctrico.

Por ello, es posible que aumente la producción renovable sin que el consumidor perciba inmediatamente una reducción en su factura.