El Archipiélago registró más de 275.000 procesos durante el primer semestre de 2026, pero el Servicio Canario de la Salud no publica un desglose por centros sanitarios de Gran Canaria

Las bajas laborales continúan creciendo en Canarias y han abierto un intenso debate entre organizaciones empresariales, sindicatos, profesionales sanitarios y administraciones públicas.

Entre enero y junio de 2026 se iniciaron en las Islas 275.330 procesos de incapacidad temporal, con una duración media aproximada de 46 días. Alrededor del 95 % correspondió a contingencias comunes, es decir, enfermedades o accidentes no relacionados directamente con el trabajo.

Los datos sitúan a Canarias entre las comunidades autónomas con mayor incidencia de incapacidades temporales. Sin embargo, no todos los sectores económicos presentan el mismo nivel de bajas ni soportan las mismas condiciones laborales.

Los sectores con mayor incidencia

Un estudio sobre la evolución de la incapacidad temporal en Canarias señala que las actividades de agua, saneamiento y gestión de residuos registran una de las tasas más elevadas, con un 11,5 % de jornadas potenciales perdidas.

A continuación aparecen la hostelería y las actividades administrativas y servicios auxiliares, ambas con cifras cercanas al 10 %. Dentro de estas últimas se encuentran actividades como limpieza, mantenimiento, vigilancia, atención telefónica y otros servicios externalizados.

Los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2025 también muestran que el sector Servicios alcanzó en Canarias una tasa de absentismo por incapacidad temporal del 8 % de las horas pactadas, seguido de la Industria, con un 7,1 %, y la Construcción, con un 6,7 %.

Por grupos profesionales, los trabajadores de la restauración, los servicios personales, la protección y las ventas aparecen entre los más afectados. La lumbalgia figura como una de las patologías más frecuentes, asociada a factores como los sobreesfuerzos, los movimientos repetitivos, las posturas inadecuadas, el estrés y la ansiedad.

En Gran Canaria, donde el sector Servicios tiene un peso determinante en el mercado laboral, la hostelería, el comercio, la restauración, la limpieza, los cuidados, la sanidad y los servicios auxiliares podrían concentrar un volumen importante de procesos. No obstante, actualmente no existe un desglose público suficientemente detallado que permita establecer un ranking específico y riguroso por sectores dentro de la isla.

Sin datos públicos por centros de salud

La patronal ha asegurado que tiene identificados determinados centros sanitarios donde se tramitan más incapacidades temporales o donde las altas se producen más tarde. Sin embargo, no ha difundido los nombres de esos centros ni los datos utilizados para llegar a esa conclusión.

Tampoco se encuentra publicada una relación oficial de los centros de salud de Gran Canaria que generan más bajas laborales. Por este motivo, no sería responsable señalar a un consultorio, centro sanitario o facultativo sin disponer previamente de datos oficiales, comparables y ajustados.

Un centro de salud con una población adscrita más numerosa, de mayor edad o integrada por trabajadores de sectores físicamente exigentes puede registrar más bajas sin que exista ninguna irregularidad en la actuación de sus médicos.

Para realizar una comparación rigurosa sería necesario conocer el número de procesos por cada 1.000 personas en edad laboral, la duración media de las bajas, el perfil de la población atendida y los principales grupos diagnósticos, siempre mediante información agregada y anonimizada.

Transparencia y prevención

Estos datos pueden solicitarse al Servicio Canario de la Salud mediante el procedimiento de acceso a la información pública previsto en la Ley 12/2014, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública de Canarias.

El trámite es gratuito y la Administración dispone, con carácter general, de un mes para contestar, aunque puede ampliar el plazo otro mes cuando el volumen o la complejidad de la información lo justifiquen.

El debate sobre las bajas laborales no debería limitarse al control de los trabajadores o de los médicos. También debe analizar las condiciones de trabajo, la prevención de riesgos laborales, la salud mental, el envejecimiento de las plantillas y las demoras sanitarias que prolongan la recuperación de muchos pacientes.



Conocer los datos reales permitiría abandonar las acusaciones generales y diseñar medidas específicas para los sectores y territorios más afectados. Sin información pública, el debate corre el riesgo de convertirse en una confrontación sin diagnóstico; y sin diagnóstico, cualquier tratamiento nace con la baja firmada.