FUENTE: EL ECONOMISTA.ES
La estrategia que está siguiendo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para modificar su propia reforma laboral que aprobó hace menos de un año, no solo ha hecho saltar por los aires el diálogo social, también amenaza con bloquear el pago de los fondos Next Gen por suponer un incumplimiento retroactivo de los compromisos con Bruselas.
La modificación de la regulación del mercado trabajo aprobada en los últimos días de 2021 fue uno de los mayores éxitos, al menos en términos políticos, del Gobierno de coalición y de su vicepresidenta segunda.
Pese a los desencuentros en materia de pensiones y subida del SMI, Díaz logró la unanimidad de patronal y sindicatos para sacar adelante una Ley que, además, ha sido elogiada por la Comisión Europea por su impacto positivo en la reducción de la temporalidad. Esta positiva valoración fue clave para que Bruselas desembolsara en junio el segundo tramo de las ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, por 12.000 millones de euros. A mediados de noviembre, el Gobierno solicitó el tercero, por 6.000 millones.
El objetivo era promover cambios en la estructura de negociación, "reforzando la representatividad de las partes negociadoras, enriqueciendo sus contenidos y aumentando la seguridad jurídica en su aplicación y en sus efectos". En la reforma laboral, esto se tradujo en la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos.
Pero a la vez se trazaba una línea roja muy clara: "los cambios no darán lugar a obstáculos desproporcionados para que las empresas se adapten al ciclo y respondan a la evolución de la productividad". Algo que se contradice claramente con la enmienda pactada por el Gobierno con Bildu para que la Inspección de Trabajo controle las causas de los despidos colectivos.
Los nacionalistas vascos afirman que esto equivale a recuperar la autorización administrativa previa derogada por la reforma laboral del PP en 2012. La propia Díaz, cuando avanzó en octubre este nuevo papel de la inspección, aseguró que el objetivo era "que no se pueda despedir" mediante el "endurecimiento" de las causas.
Pero más allá del impacto de la enmienda en el mercado laboral, el principal problema que afronta el Gobierno es el pago de los fondos Next Gen.
Y es que, tal y como establece el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, cuando reciba la solicitud española de abono de los fondos, el Ejecutivo comunitario no solo tendrá que revisar el cumplimiento de las nuevas reformas, sino que no hayan "revocado medidas relacionadas con hitos y objetivos anteriormente cumplidos satisfactoriamente".
Si se determina que se ha producido esa marcha atrás, y en función de la gravedad del incumplimiento, "se suspenderá el pago de la totalidad o una parte de la contribución financiera y, en su caso, del préstamo" recibido por nuestro país, que tendría un mes para presentar observaciones y corregir el problema. En este caso, anular la enmienda pactada con Bildu.
El pinchazo del Componente 23
En cualquier caso, los expertos consultados por elEconomista.es dan por hecho que la enmienda disparará la litigiosidad y la inseguridad jurídica de las empresas. Una rigidez que tendrá como efecto una mayor destrucción de empleo, tal y como ocurrió en la crisis financiera, cuando dicho control público de las causas ya existía.
Una polémica que coincide, además, con los decepcionantes avances en los compromisos europeos en otras reformas que Trabajo en el marco del mismo componente 23, que abarca las "nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo".
"Lo que vamos conociendo de los proyectos de Ley de Empleo y de Incentivos al Empleo no permite prever mejoras de calado sino cambios formales sin implicación estructural, e incluso algún paso atrás como la incorporación de obstáculos injustificados al ajuste empresarial", advierta a elEconomista.es el socio responsable de EY Insights y ex secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo.