El vicepresidente del Gobierno canario y presidente del PP expresa sus dudas sobre la propuesta defendida por Fernando Clavijo, abriendo una nueva discrepancia entre los dos socios del Ejecutivo autonómico en plena crisis de acceso a la vivienda.

 La política de vivienda vuelve a poner de manifiesto las diferencias entre Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), los dos partidos que comparten el Gobierno autonómico. El vicepresidente del Ejecutivo y presidente regional del PP, Manuel Domínguez, ha expresado públicamente su preocupación por la iniciativa impulsada por los nacionalistas para restringir la adquisición de viviendas a personas no residentes en el archipiélago.

Las declaraciones, realizadas este sábado durante un acto del Partido Popular en La Gomera, evidencian que no existe una posición plenamente compartida entre los socios de Gobierno sobre una de las medidas más controvertidas planteadas para afrontar la emergencia habitacional.

Diez años de residencia para comprar una vivienda

La propuesta legislativa remitida al Gobierno de España contempla exigir diez años de empadronamiento continuado en Canarias, o quince de forma discontinua, para poder adquirir una vivienda.

El borrador también plantea limitar a dos las viviendas que puede adquirir una misma persona, con determinadas condiciones y excepciones.

El objetivo declarado es reducir la presión sobre el mercado inmobiliario y facilitar que la población residente pueda acceder a una vivienda en un territorio condicionado por su insularidad, el crecimiento demográfico y la demanda turística.

Manuel Domínguez cuestiona las consecuencias de la medida

El líder del PP canario ha planteado interrogantes sobre el alcance real de las restricciones, especialmente respecto a la definición de quién debe considerarse residente.

«¿Quién no es residente?», preguntó Domínguez, poniendo como ejemplo la situación de ciudadanos canarios que hayan tenido que trasladarse temporalmente a la Península por motivos laborales.

Asimismo, cuestionó que limitar las adquisiciones de particulares pueda terminar favoreciendo indirectamente a determinadas sociedades o estructuras empresariales.

Para Domínguez, cualquier intervención en el mercado inmobiliario debe analizar cuidadosamente sus consecuencias jurídicas y económicas, evitando perjudicar a quienes pretenden invertir sus ahorros en una propiedad.

Coalición Canaria defiende proteger a los residentes

Desde Coalición Canaria se sostiene que el archipiélago necesita instrumentos específicos para afrontar un problema que presenta características diferentes a las del territorio peninsular.

Los nacionalistas consideran necesario intervenir ante la adquisición de inmuebles destinados a usos distintos de la residencia habitual, especialmente cuando la población local encuentra dificultades crecientes para comprar o alquilar una vivienda.

El Ejecutivo también ha promovido iniciativas ante las instituciones europeas, apoyándose en el reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica establecido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Sin embargo, cualquier restricción deberá respetar el marco jurídico comunitario, particularmente la libre circulación de capitales y el principio de proporcionalidad.

Una nueva diferencia política entre los socios de Gobierno

Las declaraciones de Manuel Domínguez abren un nuevo debate sobre la capacidad de CC y PP para alcanzar una posición común en materia de vivienda.

Mientras Coalición Canaria apuesta por introducir limitaciones a determinadas operaciones inmobiliarias, el Partido Popular manifiesta sus reservas sobre los posibles efectos de esas restricciones.

No obstante, estas diferencias no significan, por ahora, una ruptura del pacto de Gobierno, sino una discrepancia política sobre una propuesta que todavía no se ha convertido en legislación vigente.

El verdadero desafío: conseguir viviendas asequibles

Más allá de las diferencias partidistas, el problema de fondo continúa siendo la dificultad de numerosas familias canarias para acceder a una vivienda digna.

La construcción de nuevas viviendas protegidas, la movilización de inmuebles vacíos, la disponibilidad de suelo, la agilización de las licencias urbanísticas y la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos forman parte de las soluciones que deben evaluarse conjuntamente.

En municipios como Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana, donde el acceso a la vivienda también constituye una preocupación social, el debate adquiere especial relevancia.

La pregunta que queda abierta es si limitar la compra a no residentes contribuirá realmente a reducir los precios o si Canarias necesita complementar esa medida con un incremento significativo de la oferta de viviendas asequibles.

De momento, la iniciativa deberá superar importantes obstáculos jurídicos y políticos antes de poder aplicarse.



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