La candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reabierto el debate sobre el balance de su gestión al frente del Ministerio de Trabajo.

Mientras el Gobierno destaca medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la reforma laboral, numerosos autónomos, pequeños empresarios y representantes de las pymes sostienen que la realidad diaria continúa siendo muy complicada.

Muchos recuerdan que el incremento del SMI ha supuesto una mejora salarial para miles de trabajadores, aunque también señalan que parte de esa mejora puede verse reducida por la tributación en el IRPF en determinados casos, además del aumento de los costes laborales para muchas pequeñas empresas.

El tejido empresarial español sigue afrontando importantes desafíos: incremento de costes, inflación, dificultades para contratar personal y el cierre de numerosas empresas y negocios en los últimos años.

Muchos autónomos consideran que las políticas públicas no han respondido suficientemente a sus necesidades.

A este debate se suma otro de los grandes retos del mercado laboral español: el elevado absentismo laboral, que diversas organizaciones empresariales sitúan entre los más altos de Europa y que supone un importante coste para las empresas y para la economía.

A ello se añaden unas cotizaciones sociales que muchos autónomos y pequeñas empresas consideran cada vez más difíciles de asumir, especialmente en un contexto de incremento de los costes laborales, energéticos y financieros.

También persisten críticas sobre el papel de las organizaciones sindicales mayoritarias, a las que algunos sectores acusan de mantener una excesiva cercanía con el Gobierno y de no representar con la misma intensidad las preocupaciones de trabajadores y pequeñas empresas.

En este contexto, la posible llegada de Yolanda Díaz a la dirección de la OIT genera opiniones enfrentadas.

Para unos supondría el reconocimiento a su trayectoria política; para otros, resulta difícil entender que aspire a un cargo internacional cuando consideran que aún quedan numerosos problemas laborales por resolver en España.

En democracia, serán los hechos y la valoración que hagan los organismos internacionales quienes determinen si esa candidatura representa un reconocimiento a su gestión o simplemente una nueva etapa en su carrera política.

Quienes cuestionan la candidatura de Yolanda Díaz sostienen que, antes de aspirar a dirigir la Organización Internacional del Trabajo, debería valorarse el resultado de su gestión en España.

Argumentan que el país continúa afrontando desafíos como el elevado absentismo laboral, la presión de los costes sociales sobre empresas y autónomos, las dificultades para muchos pequeños negocios y un mercado laboral que, pese a la creación de empleo, sigue presentando importantes retos estructurales.

Para sus defensores, en cambio, la reforma laboral y la subida del salario mínimo justifican su candidatura al máximo organismo internacional en materia de trabajo.