¿Puede el pulso político entre Antonio Morales y Óscar Hernández influir en los retrasos del nuevo acceso a Guayadeque?
La retirada de más de 520.000 euros destinados a las expropiaciones reabre el debate sobre las prioridades del Cabildo de Gran Canaria. Las discrepancias políticas entre ambos dirigentes añaden un elemento de interés público, aunque no existen pruebas de que hayan condicionado la ejecución del proyecto.
El nuevo acceso al Barranco de Guayadeque vuelve a situarse en el centro del debate sobre las infraestructuras pendientes en el municipio de Agüimes. La decisión del Cabildo de Gran Canaria de retirar 520.161,74 euros inicialmente destinados a las expropiaciones necesarias para ejecutar la obra plantea interrogantes sobre el futuro de una actuación considerada estratégica para mejorar la movilidad y la seguridad vial.
Pero, más allá de los problemas administrativos reconocidos, surge una cuestión de interés político:
¿pueden las discrepancias existentes entre el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, estar influyendo en las prioridades institucionales?
Por el momento, no existe documentación que permita establecer esa relación. Sin embargo, las diferencias políticas manifestadas públicamente entre ambos dirigentes justifican examinar cómo se están gestionando los compromisos adquiridos con el municipio.
Las diferencias dentro del espacio político de Roque Aguayro
Antonio Morales y Óscar Hernández han compartido durante décadas un proyecto político vinculado a Roque Aguayro, una formación con una trayectoria especialmente significativa en la política municipal de Agüimes.
No obstante, los movimientos de reorganización del nacionalismo canario y las diferentes posiciones respecto a Primero Canarias han puesto de manifiesto discrepancias entre ambos dirigentes.
Estas diferencias forman parte del debate político, pero adquieren una dimensión institucional cuando afectan a responsables públicos que intervienen en decisiones relacionadas con inversiones, infraestructuras y servicios.
En este contexto, el retraso de Guayadeque suscita una pregunta que merece una respuesta clara: ¿estamos exclusivamente ante un problema administrativo o existen también diferencias en las prioridades políticas de las instituciones implicadas?
Más de medio millón de euros que dejan de estar disponibles
Los datos conocidos sobre el expediente reflejan dificultades importantes.
La programación económica para las expropiaciones ascendía inicialmente a 593.400,29 euros, de los que durante 2025 únicamente se ejecutaron 73.238,55 euros.
Durante 2026 no se materializaron los gastos previstos y permanecen pendientes 23 propuestas de mutuo acuerdo con propietarios afectados.
La documentación señala problemas relacionados con la tramitación administrativa y la necesidad de completar actuaciones técnicas.
Sin embargo, estos obstáculos no eliminan la responsabilidad de las administraciones de explicar por qué una infraestructura prevista continúa acumulando retrasos.
Guayadeque no debería depender de las diferencias políticas
El proyecto contempla una conexión de aproximadamente 500 metros entre las carreteras GC-550 y GC-103, destinada a mejorar las condiciones de acceso al barranco y reducir las dificultades de circulación por determinados tramos urbanos.
Su presupuesto global estimado alcanza los 4,86 millones de euros.
Se trata de una actuación que trasciende los intereses de cualquier formación política, puesto que afecta a residentes, visitantes, establecimientos y servicios de emergencia.
La ciudadanía tiene derecho a conocer si el proyecto mantiene su prioridad dentro de la planificación insular y cuándo se dispondrá nuevamente de los recursos económicos necesarios.
¿Qué deben explicar el Cabildo y el Ayuntamiento?
La situación plantea varias cuestiones que las instituciones deberían aclarar públicamente:
- ¿Por qué no se ejecutaron las cantidades previstas para las expropiaciones durante 2026?
- ¿Qué actuaciones concretas se han realizado para desbloquear los expedientes pendientes?
- ¿Se ha establecido un nuevo calendario de financiación y ejecución?
- ¿Qué gestiones ha realizado el Ayuntamiento de Agüimes ante el Cabildo para impulsar el proyecto?
- ¿Mantienen ambas instituciones el mismo nivel de compromiso con esta infraestructura?
Responder a estas preguntas permitiría conocer las causas del retraso sin necesidad de recurrir a interpretaciones políticas no acreditadas.
Los ciudadanos no deben pagar las consecuencias de las discrepancias institucionales
Las diferencias entre dirigentes políticos son legítimas dentro de cualquier organización democrática.
Sin embargo, la gestión de las inversiones públicas debe responder a criterios de necesidad, planificación, seguridad y servicio a la ciudadanía.
En el caso de Guayadeque, la prioridad debería centrarse en resolver los problemas administrativos, completar las expropiaciones y establecer un calendario verificable para la ejecución de las obras.
La existencia de discrepancias políticas no demuestra que estas hayan provocado el retraso, pero tampoco exime a las instituciones de ofrecer explicaciones transparentes sobre las decisiones adoptadas.
RETURCAN plantea una reflexión
El nuevo acceso a Guayadeque constituye una inversión pública que lleva tiempo pendiente de materializarse.
Los ciudadanos no necesitan conocer únicamente las cantidades presupuestadas, sino también las razones por las que los proyectos no avanzan y las medidas que se adoptarán para ejecutarlos.
La pregunta de fondo es sencilla: mientras continúa el debate político entre dirigentes del mismo espacio histórico, ¿quién garantiza que las infraestructuras comprometidas con Agüimes mantengan su prioridad?
RETURCAN.COM considera necesario que el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Agüimes aclaren conjuntamente la situación administrativa, presupuestaria y temporal del proyecto.
Porque, independientemente de las diferencias políticas, Guayadeque necesita soluciones, financiación y un calendario de ejecución, no nuevos retrasos.
