La situación política en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana continúa generando tensión tras hacerse público un nuevo informe jurídico solicitado por Nueva Canarias sobre la situación corporativa del alcalde Francisco García y cinco concejales vinculados actualmente a Municipalistas Primero Canarias.

El documento emitido por la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local del Ministerio de Política Territorial evita pronunciarse directamente sobre el caso concreto, aunque señala que un concejal elegido dentro de una coalición electoral podría pasar a ser considerado “no adscrito” si es expulsado de dicha coalición conforme a los requisitos legales establecidos por la jurisprudencia.

El conflicto político surge después de que Francisco García y cinco concejales abandonaran Nueva Canarias para integrarse en Municipalistas Primero Canarias, manteniendo posteriormente su vinculación al Bloque Nacionalista Rural (BNR), formación integrada dentro de la coalición NC-FAC.

 Esa circunstancia es utilizada por el grupo del alcalde para defender que siguen formando parte de la coalición original y, por tanto, no deberían pasar a la condición de no adscritos.

Sin embargo, Nueva Canarias sostiene una interpretación completamente distinta y recuerda que el secretario municipal ya emitió un informe el pasado mes de marzo concluyendo que los seis ediles debían pasar a ser miembros no adscritos dentro de la corporación local.

A esta batalla jurídica se suma además otro informe previo de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias, que defendía que los concejales pueden cambiar entre partidos integrados dentro de una misma coalición sin perder su situación dentro del grupo municipal.

 Actualmente existen tres informes distintos sobre la mesa —secretario municipal, Gobierno de Canarias y Ministerio de Política Territorial— aunque ninguno de ellos tiene carácter vinculante, lo que mantiene abierto el conflicto político y jurídico dentro del Ayuntamiento de Santa Lucía.

Nueva Canarias considera que el último documento del Ministerio refuerza la tesis defendida por el secretario municipal y entiende que los concejales afectados deberían pasar finalmente a la condición de no adscritos.