FUENTE: EL ECONOMISTA.ES
En su balance del aniversario de la aprobación de la reforma laboral, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró no tener el dato de personas con contrato fijo discontinuo que no trabajan y que se apuntan como demandantes en los servicios públicos de empleo. Una respuesta sorprendente cuando las propias estadísticas de su departamento reflejan que desde enero a noviembre de 2022 se han registrado más de un millón de altas.
A la espera de conocer los datos de diciembre, esta cifra resulta de sumar tanto las nuevas altas iniciales de demandantes con relación laboral, donde se anotan los fijos discontinuos en periodo de inactividad, como de las procedentes de las revisiones que mensualmente realiza el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo.
En dichos ajustes se trasladan a personas que en el mes anterior computaban en otras categorías, tanto parados registrados como otros tipos de demandantes de empleo, ocupados o no.
No conviene confundir la evolución de las altas con el 'stock 'de personas registradas en un mes concreto, ya que hay que descontar las bajas que se han producido. En noviembre, últimos dato disponible, se situaron en 575.746 personas.
Sin embargo, fijarnos en las altas permite un análisis más claro del impacto de la reforma laboral. En primer lugar, revela la intensidad del flujo de entrada de demandantes de este tipo derivados de los cambios que la norma introduce en el mercado de trabajo.
Además, elimina el 'efecto ERTE'. Y es que en esta categoría también figuraban los afectados por regulaciones temporales de empleo, aunque en el último año estos se han reducido un 85%, hasta suponer apenas 20.000.
Esto ha propiciado que este dato pase inadvertido en buena parte de los análisis, hasta hace apenas un mes, cuando Fedea publicó un análisis sobre el descuadre. Así, según sus estimaciones, el total de fijos discontinuos apuntados como demandantes con relación laboral en noviembre se sitúa en los 555.000 personas, descontando a los afectados por ERTE.
En cualquier caso, tanto el SEPE como el Ministerio de Trabajo y Economía Social conocen perfectamente la evolución mensual y acumulada de estos flujos de entrada, que no se pueden achacar únicamente al aumento de estos contratos, especialmente a partir de abril, cuando la norma entra plenamente en vigor.
Y es que el 44% de estos 1,03 millones de demandas 'afloradas' se concentra en dos meses: octubre y noviembre.
Un 'ajuste' preventivo
En octubre se realizó una operación extraordinaria que sacó a 56.000 personas del paro para convertirlas en demandantes (recordemos que en ese mes el paro registrado bajó en más de 27.000 personas). Es una cifra que supone casi la mitad de los 115.000 parados que hasta noviembre habían pasado por este proceso.
Aunque otra consecuencia mucho más sorprendente del ajuste es que las altas iniciales, es decir, completamente nuevas. se han disparado. Las registradas solo en octubre y noviembre suponen el 40% del total del año (789.426) y superan con creces a los meses 'pico' de este tipo de empleos, correspondientes al verano.
Ello apunta a que ha habido un cambio en los procedimientos con los que se registran a estos demandantes por parte de las comunidades autónomas, seguramente para evitar que se incluyan 'erróneamente' como desempleados y haya que corregirlos posteriormente. Un ajuste 'preventivo' cuyo efecto ha seguido intensificándose.
Los datos revelan que también se ha realizado una revisión similar (aunque a menor escala) para personas que el en mes anterior eran demandantes ocupados (categoría en la que figuran, por ejemplo, los afectados por ERTE o los beneficiarios de ayudas sociales), que suman 52.000 y los Demandantes No Ocupados o DENOS, que acumulan los 786.000.