Las Islas Canarias continúan enfrentándose a una preocupante realidad empresarial. Según diversos estudios sobre el tejido productivo regional, aproximadamente una de cada cuatro pequeñas empresas y comercios desaparece antes de cumplir cinco años de actividad, situando al archipiélago entre las comunidades con mayores dificultades para consolidar nuevos proyectos empresariales.

Entre las principales causas destacan el incremento de los alquileres comerciales, el encarecimiento de los suministros energéticos, los costes laborales, la competencia de las grandes plataformas digitales y los sobrecostes derivados de la insularidad, factores que reducen significativamente los márgenes de beneficio de autónomos y pequeñas empresas.

A esta situación se suma la insuficiencia de capital inicial con la que muchos emprendedores inician su actividad, agotando su tesorería durante los primeros años de funcionamiento antes de lograr consolidar una cartera estable de clientes.

Sin embargo, desde diversos sectores empresariales se advierte de que existen otros obstáculos que dificultan aún más la supervivencia de las pymes canarias.

Entre ellos destacan los largos procedimientos administrativos para obtener licencias y autorizaciones, la complejidad burocrática para iniciar nuevas actividades económicas y la acumulación de obligaciones administrativas que deben afrontar los pequeños empresarios desde el primer día.

Los emprendedores denuncian además que, una vez abierta la actividad, deben hacer frente a múltiples inspecciones y controles por parte de distintas administraciones públicas, incluyendo organismos sanitarios, laborales y municipales, generando una importante carga documental y económica especialmente difícil de asumir para las microempresas.

A ello se añade la creciente dificultad para encontrar trabajadores dispuestos a cubrir determinados horarios, especialmente durante fines de semana y festivos, una circunstancia que afecta de forma especial a sectores como la hostelería, el comercio y los servicios.

Muchos empresarios afirman que esta situación termina provocando conflictos laborales y procedimientos judiciales que incrementan aún más los costes de funcionamiento.

Canarias cuenta con un tejido empresarial formado mayoritariamente por microempresas y pequeñas y medianas empresas, que representan más del 95% del total. Por ello, las organizaciones empresariales consideran imprescindible avanzar hacia una simplificación administrativa real, reducir cargas burocráticas, agilizar licencias y facilitar el crecimiento de quienes generan empleo y riqueza en las islas.

La supervivencia de las pymes no solo afecta a los empresarios. Detrás de cada cierre hay empleos perdidos, familias afectadas y menos oportunidades para la economía local.

Por ello, reclaman que las administraciones sitúen el apoyo a las pequeñas empresas como una prioridad estratégica para el futuro de Canarias.