El censo oficial de Canarias registra dos conducciones de desagüe y un emisario submarino en el municipio, pero no identifica todos los efluentes como aguas fecales sin depurar

El término municipal de Agüimes cuenta con tres puntos activos de vertido desde tierra al mar y dos de ellos carecen de autorización administrativa, según la actualización de 2025 del Censo de Vertidos del Gobierno de Canarias.

El documento oficial, elaborado con la información disponible en la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, contabiliza en Agüimes dos conducciones de desagüe y un emisario submarino.

Los tres puntos se encontraban activos en el momento de actualizarse el censo. Sin embargo, solamente uno disponía de autorización vigente, mientras que los otros dos figuraban como no autorizados y sin procedimiento de regularización en trámite.

No todo vertido puede calificarse como agua fecal

La existencia de estas conducciones confirma que se están evacuando aguas al medio marino, pero no permite asegurar que los tres puntos viertan aguas fecales sin tratamiento.

El censo diferencia entre aguas residuales urbanas, aguas industriales, salmuera procedente de desaladoras, aguas pluviales y otras clases de efluentes.

Para determinar si una descarga contiene contaminación fecal sería necesario conocer la ficha individual de cada conducción y disponer de analíticas que midan, entre otros parámetros, la presencia de bacterias como Escherichia coli y enterococos intestinales.

Tampoco puede atribuirse automáticamente la responsabilidad de los tres puntos al Ayuntamiento de Agüimes. Las instalaciones pueden pertenecer a diferentes administraciones, entidades públicas o empresas privadas.

El emisario de la EDAR del Sureste

Una de las principales infraestructuras documentadas en la costa de Agüimes es el emisario submarino de la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Sureste, situado en Punta de Las Salinas.

Esta instalación, dependiente de la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria, recibe aguas residuales urbanas e industriales de la comarca, las somete a tratamiento y conduce posteriormente el efluente depurado hasta el mar.

Un emisario submarino no vierte directamente sobre la orilla. La normativa técnica establece que la descarga debe producirse a más de 500 metros de la línea de costa y garantizar unas condiciones determinadas de dispersión y dilución.

Por ello, cualquier salida de agua observada en un canal abierto o junto al litoral debe investigarse de manera independiente para identificar su origen, composición y titularidad.

Transparencia sobre los dos puntos no autorizados

El hecho de que dos puntos activos carezcan de autorización no demuestra, por sí solo, que estén vertiendo aguas fecales sin depurar. Sin embargo, sí plantea una situación administrativa que debe ser aclarada públicamente.

Las administraciones competentes deberían informar sobre:

• La localización exacta de los tres puntos censados.
• La identidad de sus titulares.
• La naturaleza del agua evacuada por cada conducción.
• Los caudales vertidos al mar.
• Los tratamientos aplicados antes de la descarga.
• Los resultados de las últimas analíticas.
• Las razones por las que dos puntos carecen de autorización.
• El calendario previsto para su regularización o clausura.

Proteger el litoral de Agüimes

La costa de Agüimes constituye un espacio de enorme valor ambiental, pesquero, deportivo y social. Cualquier descarga debe someterse a controles periódicos que garanticen el cumplimiento de la normativa y eviten riesgos para el ecosistema y para la salud de las personas.

El debate no debe reducirse a determinar si el agua que sale por una conducción tiene mal olor o presenta un color determinado. Lo verdaderamente relevante es conocer su composición mediante análisis acreditados y comprobar si el vertido cuenta con autorización y cumple sus condiciones.



Agüimes necesita transparencia sobre los tres puntos activos registrados en su litoral. Dos conducciones sin autorización administrativa representan una incidencia suficientemente relevante para exigir explicaciones, vigilancia ambiental y una solución verificable.