Las vinculaciones empresariales del viceconsejero de Hacienda, Gabriel Megías, colocan al Ejecutivo autonómico bajo presión y provocan peticiones de explicaciones de la oposición

CANARIAS.— El Gobierno de Canarias afronta un nuevo frente político tras conocerse las vinculaciones empresariales de Gabriel Megías Martínez, viceconsejero de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, con sociedades relacionadas con la industria alimentaria y el sector hotelero.

La controversia se inició después de que distintas informaciones periodísticas revelaran que Megías figura como consejero de Andrés Megías Mendoza, S.A., sociedad vinculada a Pastas La Isleña y La Candelaria, y de Inversiones y Gestiones Turísticas, S.A. (Ingestursa), relacionada con la cadena Cordial Hotels.

El asunto adquirió especial relevancia política porque estas vinculaciones no figuraban públicamente en su ficha del Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias.

Sin embargo, posteriormente trascendió un dato esencial: Megías sí había presentado ante el Gobierno autonómico, en febrero de 2024, una declaración en la que comunicaba vinculaciones con empresas familiares, aunque dicha documentación no terminó apareciendo correctamente en el Portal de Transparencia.

Este extremo cambia parcialmente el escenario inicial: ya no se trata únicamente de determinar qué declaró el viceconsejero, sino de aclarar por qué una información relevante sobre los intereses empresariales de un alto cargo no quedó accesible públicamente y qué controles administrativos funcionaron o fallaron.

El AIEM, en el centro de la polémica

Uno de los elementos políticamente más sensibles es una resolución tributaria firmada por Megías el pasado 3 de agosto, relacionada con la aplicación del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) a determinados productos de cortesía importados utilizados por establecimientos hoteleros.

Las informaciones publicadas apuntan a que el criterio establecido puede favorecer competitivamente a productos fabricados en Canarias, circunstancia que ha llevado a la oposición a plantear un posible conflicto de intereses debido a la vinculación del viceconsejero con una empresa familiar del sector alimentario.

La cuestión política y jurídica que deberá aclararse ahora no es solamente si las vinculaciones fueron declaradas, sino también si correspondía que Megías se abstuviera de intervenir en decisiones administrativas capaces de afectar a sectores económicos en los que mantiene intereses empresariales.

Casi 300.000 euros para una empresa hotelera vinculada a Megías

La polémica ha sumado otro elemento. Según ha publicado Diario de Avisos, Ingestursa, sociedad en cuyo consejo de administración figura Megías, recibió casi 300.000 euros en una subvención de la Consejería de Turismo y Empleo, financiada con fondos europeos.

La existencia de esta ayuda no demuestra por sí misma irregularidad alguna, pero incrementa las preguntas políticas sobre los mecanismos de prevención de conflictos de intereses dentro del Ejecutivo autonómico y sobre la necesidad de garantizar una separación inequívoca entre responsabilidades públicas e intereses privados.

La oposición eleva la presión

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha reclamado explicaciones al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, por el posible conflicto de intereses y ha situado la responsabilidad política en el conjunto del Ejecutivo.

El PSOE de Canarias también ha exigido explicaciones inmediatas al Partido Popular y al vicepresidente autonómico, Manuel Domínguez, considerando que las informaciones conocidas tienen suficiente relevancia como para aclarar públicamente la actuación del alto cargo.

La presión se dirige especialmente hacia el Partido Popular, puesto que la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea está dirigida por Matilde Asián, mientras que Megías ocupa la Viceconsejería dentro de ese departamento.

Pero políticamente el asunto también alcanza a Coalición Canaria, como principal fuerza del Ejecutivo y responsable última de la estabilidad del pacto autonómico.

Una cuestión que supera a una persona

El denominado ya políticamente “caso Megías” puede convertirse en algo más que una controversia sobre la situación particular de un viceconsejero.

El debate alcanza directamente a los mecanismos de transparencia, incompatibilidades, abstención y prevención de conflictos de intereses de los altos cargos del Gobierno de Canarias.

Especialmente relevante resulta conocer por qué una declaración presentada ante la Administración no llegó a estar correctamente reflejada en el Portal de Transparencia y si existieron mecanismos posteriores de comprobación.

Además, la información publicada este sábado apunta a que la declaración fue presentada en febrero de 2024, cuando el plazo legal habría vencido meses antes, circunstancia sobre la que tampoco se han ofrecido todavía explicaciones públicas suficientes.

El Gobierno necesita despejar las dudas

La dimensión política del asunto obliga ahora al Ejecutivo canario a responder varias cuestiones fundamentales: qué conocía la Consejería de Hacienda sobre las participaciones y cargos empresariales de Megías, por qué no aparecieron correctamente publicados, qué controles de incompatibilidades se realizaron y si el viceconsejero debía abstenerse en expedientes relacionados con sectores económicos vinculados a sus empresas.

No corresponde anticipar responsabilidades antes de conocer toda la documentación.

Pero precisamente por eso, la transparencia debe ser máxima.

Porque el problema ya no reside únicamente en las empresas de un alto cargo.

La cuestión de fondo es determinar si los mecanismos institucionales diseñados para separar los intereses privados de las decisiones públicas funcionaron correctamente.

Y esa respuesta corresponde ahora ofrecerla al Gobierno de Canarias.