Gabriel Megías debe dimitir de inmediato para proteger la credibilidad y la transparencia del Gobierno de Canarias

Nueva Canarias-Bloque Canarista ha exigido al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, explicaciones públicas sobre las vinculaciones empresariales del viceconsejero de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Gabriel Megías Martínez, y sobre el posible conflicto de intereses derivado de sus responsabilidades públicas.

Las informaciones publicadas señalan que Megías figura como miembro de los órganos de administración de varias sociedades vinculadas a los sectores agroalimentario, turístico e inmobiliario.

Entre ellas aparecen Andrés Megías Mendoza, S.A., relacionada con Pastas La Isleña y La Candelaria; Inversiones y Gestiones Turísticas, S.A., sociedad gestora de Cordial Hotels & Resorts; y Flomar 2000, S.L.

Estas vinculaciones no aparecían detalladas en la información inicialmente accesible a la ciudadanía a través de la ficha pública del viceconsejero en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias.

Esta circunstancia ha provocado que distintas formaciones políticas reclamen aclaraciones sobre la información declarada, los controles efectuados y el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de los altos cargos.

Nueva Canarias habla de una crisis política

El secretario general de Nueva Canarias, Luis Campos, ha reclamado conocer qué información tenía el Ejecutivo autonómico, qué controles se realizaron y por qué las actividades empresariales del viceconsejero no estaban reflejadas en los mecanismos públicos de transparencia.

NC-BC considera que la controversia adquiere una especial gravedad porque afecta al número dos de la Consejería de Hacienda, un departamento responsable de gestionar los tributos autonómicos y de adoptar decisiones con consecuencias económicas para empresas y sectores productivos.

La formación también ha pedido a Fernando Clavijo que explique si el Gobierno evaluó debidamente la posibilidad de un conflicto de intereses y qué medidas piensa adoptar para garantizar la imparcialidad de la Administración.

La consejera defiende la compatibilidad

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha defendido públicamente a Gabriel Megías. Sostiene que sus participaciones fueron comunicadas al órgano competente y que su presencia en sociedades familiares estaría amparada por la excepción legal relativa a la administración del patrimonio personal o familiar.

Sin embargo, esta defensa no despeja todas las dudas políticas.

Una cosa es la eventual compatibilidad jurídica de una actividad y otra distinta es el cumplimiento efectivo de los deberes de publicidad, transparencia, abstención e imparcialidad exigibles a cualquier alto cargo.

La controversia se intensifica por la intervención del viceconsejero en una consulta tributaria vinculante relacionada con la aplicación del AIEM a determinados productos de chocolate importados y destinados al sector hotelero. La posible conexión entre esa materia y los sectores en los que mantiene vinculaciones empresariales debe investigarse y aclararse con documentación oficial.

Gabriel Megías debe dimitir

Aunque todavía corresponda a los órganos competentes determinar si se produjo alguna incompatibilidad o infracción legal, la responsabilidad política opera con parámetros diferentes a la responsabilidad penal o administrativa.

La transparencia no consiste solamente en presentar documentos ante la Administración. También exige que la ciudadanía pueda conocer de forma clara, completa y accesible las actividades e intereses empresariales de quienes adoptan decisiones públicas.

Por ello, Gabriel Megías debe presentar su dimisión inmediata o ser cesado

cautelarmente mientras se esclarecen los hechos.

Su continuidad perjudica la credibilidad de la Consejería de Hacienda y proyecta una sombra de duda sobre decisiones tributarias que deben responder exclusivamente al interés general.

El Partido Popular, responsable político de la Consejería de Hacienda, y su presidente regional y vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, deben ofrecer explicaciones completas.

Fernando Clavijo tampoco puede mantenerse al margen: como presidente del Ejecutivo, tiene la obligación de garantizar la transparencia, la imparcialidad y el cumplimiento del régimen de incompatibilidades.

No se trata de anticipar culpabilidades ni de formular acusaciones sin resolución administrativa o judicial.

Se trata de asumir responsabilidades políticas y de proteger la confianza ciudadana en las instituciones.

Canarias necesita respuestas, documentación pública y decisiones inmediatas.

Cuando existen dudas razonables sobre la imparcialidad de un alto cargo responsable de la política tributaria, mirar hacia otro lado no puede formar parte del protocolo institucional.

Fuentes: posición de Nueva Canarias, defensa de la compatibilidad formulada por Matilde Asián e información sobre las vinculaciones empresariales.