Los pronunciamientos judiciales sobre el PIOGC abren un debate sobre la seguridad jurídica del modelo territorial de la isla y sus posibles consecuencias para infraestructuras, energías renovables, suelo industrial y futuras inversiones

GRAN CANARIA | RETURCAN

El modelo territorial de Gran Canaria atraviesa uno de sus momentos jurídicamente más delicados de los últimos años.

Diversos pronunciamientos dictados durante 2026 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) han cuestionado la revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC), aprobada definitivamente por el Cabildo en diciembre de 2022.

La cuestión trasciende el debate estrictamente jurídico. El PIO constituye uno de los principales instrumentos para definir cómo debe desarrollarse territorialmente Gran Canaria y condiciona ámbitos tan relevantes como las infraestructuras, las áreas industriales, las energías renovables, determinados desarrollos turísticos y la protección del territorio.

EL PROBLEMA ESTÁ EN LA NORMA UTILIZADA

El núcleo de las resoluciones judiciales conocidas está relacionado con la legislación utilizada para tramitar la revisión.

El TSJC ha considerado nula la revisión del PIO al entender que se tramitó como adaptación a la Ley 19/2003, de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, pese a que cuando se produjo la aprobación definitiva en 2022 esa normativa había sido ampliamente derogada por la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

El tribunal ha reiterado este criterio en distintos procedimientos promovidos contra el acuerdo del Cabildo.

La trascendencia jurídica es considerable porque no estamos ante una discrepancia sobre una pequeña determinación territorial, sino ante un cuestionamiento de la propia cobertura normativa empleada para culminar la revisión del planeamiento insular.

VARIOS PRONUNCIAMIENTOS EN LA MISMA DIRECCIÓN

La situación tampoco responde a una única resolución aislada.

Durante los últimos meses se han conocido diferentes sentencias relacionadas con recursos interpuestos contra la revisión aprobada el 29 de diciembre de 2022.

Entre ellas figura la sentencia de 6 de mayo de 2026 correspondiente al procedimiento ordinario 47/2023, que volvió a declarar la nulidad del acuerdo por su disconformidad con el ordenamiento jurídico.

Esta reiteración judicial incrementa la incertidumbre alrededor del futuro del documento territorial.

¿QUÉ PUEDE SIGNIFICAR PARA GRAN CANARIA?

El debate tiene una dimensión económica que no puede ignorarse.

La Cámara de Comercio de Gran Canaria ya manifestó públicamente su preocupación por las consecuencias que una anulación del PIO pudiera tener sobre la organización territorial y sobre proyectos estratégicos.

Entre los ámbitos señalados se encuentran la implantación de instalaciones eólicas y fotovoltaicas, determinadas infraestructuras viarias y el desarrollo de áreas industriales necesarias para la diversificación económica.

La Cámara advertía además del posible impacto sobre la confianza inversora y reclamaba estabilidad normativa para facilitar el desarrollo empresarial de Gran Canaria.

Por tanto, el problema no consiste únicamente en decidir qué modelo territorial quiere la isla.

También existe una cuestión previa: garantizar que ese modelo disponga de suficiente seguridad jurídica.

EL SURESTE TAMBIÉN DEBE ESTAR ATENTO

Para el Sureste de Gran Canaria el debate tiene especial importancia.

Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana concentran importantes zonas industriales, infraestructuras energéticas, corredores de transporte y espacios sometidos a diferentes niveles de protección territorial.

El desarrollo económico del eje del Sureste necesita un marco de planificación estable que permita compatibilizar crecimiento, vivienda, actividad industrial, energías renovables, movilidad y protección medioambiental.

La incertidumbre prolongada sobre el planeamiento insular puede dificultar precisamente esa necesaria planificación a medio y largo plazo.

UNA OPORTUNIDAD PARA REVISAR EL MODELO

Las resoluciones judiciales también deberían servir para abrir una reflexión más amplia.

Gran Canaria necesita determinar qué territorio quiere para las próximas décadas y hacerlo mediante instrumentos jurídicamente sólidos, técnicamente actualizados y capaces de responder a problemas que han ganado importancia desde que comenzó la tramitación del planeamiento.

La vivienda, la movilidad, la transición energética, el crecimiento industrial, la protección del suelo y la capacidad de carga de determinadas zonas requieren respuestas que difícilmente pueden gestionarse desde la improvisación.

La cuestión, por tanto, ya no es exclusivamente si una sentencia concreta puede ser recurrida o cuál será finalmente el resultado de los procedimientos judiciales.

La pregunta estratégica es otra:

¿Dispone Gran Canaria de un modelo territorial suficientemente actualizado y jurídicamente sólido para afrontar su desarrollo durante las próximas décadas?

Los tribunales han abierto una grieta jurídica en el planeamiento aprobado en 2022.

Ahora corresponde a las administraciones determinar cómo cerrarla sin generar inseguridad jurídica ni frenar proyectos necesarios para el desarrollo económico y social de la isla.



RETURCAN | Información del Sureste de Gran Canaria