La falta de alojamiento asequible amenaza la igualdad de oportunidades educativas, especialmente entre estudiantes que deben trasladarse desde otras islas.

El acceso a la universidad pública en Canarias se enfrenta a un problema que va mucho más allá del precio de las matrículas: el encarecimiento de la vivienda y la escasez de alojamientos para estudiantes.

Según los datos difundidos por la Cadena SER, el alquiler de habitaciones ha experimentado un incremento superior al 40 % en aproximadamente año y medio, pasando de unos 300 euros a precios que alcanzan o superan los 450 euros mensuales.

Una situación que está obligando a algunas familias a realizar importantes esfuerzos económicos y que, en determinados casos, provoca que jóvenes universitarios tengan que abandonar sus estudios.

Entre 700 y 800 euros mensuales para poder estudiar

La Asociación Canaria de Estudiantes estima que un universitario desplazado puede necesitar entre 700 y 800 euros mensuales para cubrir gastos básicos como alojamiento, alimentación y material académico.

Estas cantidades representan una carga considerable para las familias con ingresos modestos.

El problema afecta especialmente a los estudiantes procedentes de islas no capitalinas, que deben trasladarse a Gran Canaria o Tenerife para cursar determinadas titulaciones.

Las residencias universitarias no cubren la demanda

Las universidades públicas canarias cuentan conjuntamente con unas 1.120 plazas residenciales, una oferta insuficiente frente a las necesidades existentes.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria contempla incorporar otras 200 plazas mediante acuerdos externos, mientras que la Universidad de La Laguna estudia nuevas posibilidades de ampliación.

Sin embargo, la demanda de alojamiento continúa superando ampliamente las plazas disponibles.

También afecta a las familias del Sureste

En municipios como Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana, las dificultades de acceso a la vivienda afectan igualmente a las familias cuyos hijos necesitan desplazarse para cursar estudios superiores.

Aunque muchos estudiantes del Sureste pueden acudir diariamente a los campus de Gran Canaria, determinadas titulaciones, horarios y circunstancias personales pueden obligarlos a buscar alojamiento fuera del domicilio familiar.

La vivienda se convierte así en un factor que condiciona las oportunidades educativas.

El riesgo de una universidad para quienes pueden pagarla

La educación superior debe constituir una herramienta de progreso social, independientemente del nivel económico de las familias.

Cuando los costes de alojamiento superan la capacidad económica de los hogares, el acceso a la universidad deja de depender exclusivamente del esfuerzo académico.

Las organizaciones estudiantiles reclaman políticas de vivienda específicas, más residencias públicas y ayudas que respondan al coste real de estudiar lejos del hogar.



El desafío para Canarias es evitar que el lugar de nacimiento o la capacidad económica de los padres determine quién puede obtener un título universitario.