Barbara Cabrera Cazorla

El denominado Pacto de las Flores llegó al Gobierno de Canarias en 2019 con la promesa de abrir una nueva etapa política basada en la transparencia, la regeneración democrática y la mejora de los servicios públicos.

Cuatro años después, el balance continúa siendo objeto de un intenso debate político y social.

Es cierto que aquella legislatura estuvo marcada por circunstancias extraordinarias, como la pandemia de la COVID-19 y la erupción volcánica de La Palma.

Sin embargo, una vez superadas las fases más críticas de ambas emergencias, muchos de los problemas estructurales de Canarias permanecieron sin resolver.

La sanidad siguió acumulando listas de espera para consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.

El acceso a la vivienda se convirtió en uno de los principales problemas para miles de familias, mientras la dependencia continuó registrando demoras y la presión sobre los servicios públicos aumentaba.

A ello se suma el desgaste político derivado del denominado caso Mascarillas, que ha acompañado durante los últimos años a quienes dirigían el Ejecutivo autonómico. 

 La comisión de investigación del Parlamento de Canarias aprobó un dictamen que atribuye responsabilidades políticas al Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres, una conclusión que fue rechazada por el PSOE, Nueva Canarias y ASG, que calificaron el informe de partidista.

Paralelamente, la investigación judicial sobre los contratos de emergencia durante la pandemia ha mantenido el foco sobre diversos responsables y actuaciones administrativas.

Ángel Víctor Torres ha negado cualquier participación irregular y sostiene que no existen pruebas que acrediten la comisión de delitos por su parte.

Más allá del recorrido judicial, que corresponde exclusivamente a los tribunales, el desgaste político resulta evidente. La imagen de aquel Gobierno quedó vinculada durante años a una gestión discutida de los contratos de emergencia y a un modelo que hoy muchos ciudadanos consideran agotado.

Quizá la mayor lección que deja el Pacto de las Flores sea que gobernar no consiste únicamente en superar una crisis puntual, sino en resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía. 

 Canarias continúa reclamando respuestas eficaces en sanidad, vivienda, dependencia y productividad económica.

En esos ámbitos, el juicio definitivo corresponde a los ciudadanos y a las urnas.