El mayor margen para movilizar recursos públicos vuelve a colocar una cuestión sobre la mesa: si hay capacidad para invertir más, ¿debe Canarias convertir la vivienda pública y asequible en una de sus grandes prioridades?

CANARIAS | RETURCAN.COM

Canarias afronta los próximos años con uno de sus mayores desafíos sociales: facilitar el acceso a una vivienda digna a precios compatibles con los salarios de las familias.

El Gobierno de España ha ampliado las posibilidades para que determinadas comunidades autónomas, entre ellas Canarias, puedan destinar recursos procedentes de su superávit a inversiones financieramente sostenibles, incluyendo actuaciones relacionadas con la vivienda social.

La medida abre una oportunidad, pero también una pregunta inevitable:

¿Dónde debe invertir Canarias ese mayor margen financiero?

Sanidad, educación, infraestructuras, dependencia, carreteras y servicios públicos necesitan recursos. Pero la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para miles de familias y jóvenes de las islas.

El problema ya no es solamente comprar una vivienda

Durante años, tener empleo permitía a muchas familias plantearse adquirir o alquilar una vivienda.

Hoy esa relación se ha deteriorado.

El incremento de los precios de compraventa y alquiler, la presión demográfica en determinadas zonas, la escasez de vivienda disponible y las dificultades para acceder a financiación están dejando fuera del mercado a hogares que, aun disponiendo de ingresos, encuentran enormes dificultades para independizarse.

La consecuencia trasciende el ámbito inmobiliario.

Cuando un trabajador no puede vivir cerca de su empleo, aparecen problemas de movilidad, desplazamientos diarios, dificultades empresariales para contratar personal y mayor presión sobre determinadas áreas residenciales.

La vivienda se ha convertido también en una cuestión económica.

Construir vivienda pública lleva tiempo

Existe además un problema que ninguna Administración puede resolver únicamente anunciando dinero.

Desde que se decide construir una promoción pública hasta que una familia recibe las llaves pueden pasar años.

Hay que disponer de suelo, redactar proyectos, tramitar expedientes, obtener financiación, licitar las obras, construir y finalmente adjudicar las viviendas.

Por eso las políticas de vivienda necesitan planificación a largo plazo y continuidad presupuestaria.

No basta con anunciar promociones.

Hay que medir cuántas viviendas comienzan realmente a construirse y cuántas terminan entregándose.

El Sureste de Gran Canaria necesita una estrategia propia

La situación merece especial atención en Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.

Estamos ante una comarca con importante actividad económica, industrial, comercial y turística y con una elevada concentración de población.

El crecimiento residencial y económico del Sureste exige anticiparse.

La Administración autonómica, el Cabildo y los ayuntamientos deberían identificar conjuntamente el suelo disponible y establecer una planificación plurianual de vivienda protegida.

No solamente para personas en situación de vulnerabilidad.

También para jóvenes, trabajadores y familias con ingresos medios que actualmente encuentran enormes dificultades para acceder al mercado libre.

Suelo público que produzca vivienda

Una de las claves está precisamente en el suelo.

Los municipios pueden desempeñar un papel fundamental poniendo suelo urbanizado a disposición de promociones públicas, cooperativas u otras fórmulas de vivienda protegida, siempre bajo mecanismos que garanticen transparencia, concurrencia y protección del interés general.

Porque disponer de suelo público sin desarrollar durante años tampoco resuelve el problema.

El objetivo debería ser transformar progresivamente ese patrimonio en viviendas accesibles.

No existe una única solución

Canarias necesitará combinar diferentes instrumentos.

Promoción pública de alquiler, vivienda protegida en propiedad cuando resulte adecuada, colaboración con los ayuntamientos, rehabilitación de edificios, movilización de vivienda vacía, ayudas dirigidas a colectivos concretos y fórmulas de colaboración público-privada pueden formar parte de una misma estrategia.

Pero cualquier modelo debería cumplir una condición:

que el dinero público termine produciendo viviendas realmente accesibles para la población residente.

RETURCAN plantea cinco preguntas

Si Canarias dispone de mayor capacidad para realizar inversiones, los ciudadanos tienen derecho a conocer cuáles serán las prioridades.

¿Qué parte de los nuevos recursos podrá destinarse realmente a vivienda?

¿Cuántas viviendas públicas están actualmente en construcción en Canarias?

¿Cuántas se terminarán y entregarán durante 2026 y 2027?

¿Qué suelo público disponible existe en Agüimes, Ingenio y Santa Lucía para nuevas promociones?

¿Existe una planificación específica para atender las necesidades de vivienda del Sureste de Gran Canaria?

Son preguntas concretas que deberían tener respuestas igualmente concretas.

De los anuncios a las llaves

La crisis de vivienda no se solucionará en un año ni durante una legislatura.

Precisamente por eso hay que comenzar a medir los resultados de otra manera.

Menos importancia al número de viviendas anunciadas y más atención a las viviendas licitadas, iniciadas, terminadas y entregadas.

Si Canarias dispone ahora de mayores posibilidades para movilizar recursos, la vivienda debería ocupar un lugar destacado dentro de las decisiones presupuestarias.

Porque una política de vivienda solamente alcanza su objetivo cuando deja de ser un expediente administrativo y se convierte en algo mucho más sencillo:

una familia abriendo por primera vez la puerta de su casa.



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