La GC-1 necesita medidas concretas. El debate ferroviario debe aclarar cuánto tráfico puede reducir, con qué inversión y en qué plazo.

Opinión |

Quien sale de casa para trabajar, acudir a una consulta médica o llevar a sus hijos a estudiar necesita llegar a tiempo. Para quienes sufren las retenciones de la GC-1, el debate sobre la movilidad se mide en horas perdidas y dificultades para conciliar.

Ante esta realidad, cabe preguntar: ¿el tren de Gran Canaria resolverá los atascos o será una pieza de un problema mucho más amplio?

Presentarlo como la respuesta definitiva exige pruebas. También sería precipitado declararlo un fracaso antes de que funcione. Lo responsable es exigir datos comprensibles, comparar alternativas y explicar qué mejoras recibirá la ciudadanía a cambio de la inversión.

Existen voces críticas identificables. El presidente de la Federación de Empresarios del Transporte, Agustín Espino, cuestionó en abril de 2025 que el tren resolviera las necesidades de quienes se desplazan desde el norte hacia el sur y defendió un carril específico para el transporte público y de mercancías. Se trata de una posición del sector, que debe escucharse sin confundirla con un consenso técnico.

La pregunta que las administraciones deben responder es concreta: ¿cuántos vehículos dejarían de circular por los tramos más congestionados de la GC-1, especialmente en hora punta? Una previsión de viajeros ferroviarios debe explicar cuántos procederían del coche y cuántos de otros medios de transporte.

También necesitamos conocer el recorrido completo del usuario: cómo llegará desde su barrio a la estación, cuánto esperará, qué transbordos tendrá que hacer y cómo alcanzará su destino. Para un trabajador del Sureste, la utilidad del servicio dependerá del tiempo total de desplazamiento y de su compatibilidad con los horarios laborales.

Mientras tanto, hay actuaciones que merecen evaluación y calendario. El Gobierno de Canarias anunció en agosto un estudio de viabilidad de carriles BUS-VAO en la GC-1 y la GC-3, encargado a INECO por 202.603,20 euros. Analizará alternativas, demanda y efectos sobre el tráfico. Es un estudio previo, no una obra aprobada, y sus conclusiones están previstas para el primer cuatrimestre de 2027.

Mi propuesta es exigir un plan coordinado que valore mejores frecuencias de guaguas, conexiones entre barrios y centros de trabajo, aparcamientos disuasorios, transporte colectivo laboral y actuaciones en los enlaces donde se producen retenciones. Las vías alternativas y las mejoras de carreteras deben justificarse por su eficacia, coste e impacto territorial.

Y respecto al tren, transparencia: presupuesto actualizado, financiación comprometida, costes de funcionamiento, plazos realistas y comparación con otras opciones.

Gran Canaria necesita decisiones que puedan evaluarse por sus resultados. El éxito de una política de movilidad se mide en tiempo recuperado, accesibilidad y calidad de vida.



Los vecinos no pueden seguir esperando dentro de un atasco a que termine el debate.